La investigación comenzó en 2009, cuando detectó que algunos propietarios de vehículos con destino a Marruecos denunciaban que habían sido robados, una vez realizado el paso fronterizo.
Ante la sospecha de que se pudiera estar cometiendo un fraude a las compañías aseguradoras, se inició una investigación que reveló que los propietarios, residentes en Italia, entregaban el vehículo, matriculado en ese país, a una persona, de origen marroquí y residente en Marruecos, que servía de correo.
Esta persona se encargaba de realizar el cruce por los pasos fronterizos, para lo cual contaba con una autorización de uso o venta expedida por el propietario.
Una vez los agentes comprobaban que el vehículo no figuraba como sustraído, continuaba el viaje hacia Marruecos, tras lo cual los correos realizaban la venta, presentando el propietario la denuncia por sustracción. De este modo, los dueños de los coches conseguían la indemnización del seguro, ya que tenían contratado seguros a todo riesgo, y la cantidad de dinero obtenida por la venta del vehículo en Marruecos, a excepción de lo abonado al correo.
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