El Ayuntamiento de Sevilla esperará hasta abril, fecha en la que será obligatoria, para repercutir la “tasa Sánchez” de recogida y tratamiento de residuos a los ciudadanos, un nuevo impuesto cuyo coste se ha estimado por Lipasam en 19,74 millones y que cuya fórmula para ser repercutida a los ciudadanos aún no está definida, aunque el Gobierno de José Luis Sanz está “confiado” en que el Gobierno central “pare ese desatino” y retire finalmente la obligatoriedad.
De hecho, el PP presentará una moción al Pleno de la próxima semana en la que se insta al Gobierno de Pedro Sánchez a “respetar la autonomía municipal” a la hora de fijar sus propias tasas impositivas y que derogue la obligatoriedad de tasa de residuos, realizando un estudio de “impacto detallado” para poder definir el coste del servicio, muy en la línea de lo solicitado por la FEMP y por la FAMP, y que ponga en marcha un plan de inversiones para costear el ciclo integral de los residuos.
Según ha explicado el delegado de Hacienda, Juan Bueno, hasta el 10 de abril de 2025 no será obligatoria la implantación de la “tasa Sánchez”, que obliga a que los municipios aprueben, vía ordenanza, un impuesto que refleje el coste real del servicio de recogida y tratamiento de los residuos urbanos y que repercuta directamente en los ciudadanos, coste que hasta ahora han asumido los Ayuntamientos a través de sus presupuestos.
Así, según Bueno, el Gobierno local no implantará esa tasa hasta el mes de abril, puesto que está “confiado” en que “se pare este desatino” y finalmente no sea obligatoria esta tasa, derivada de la Ley 7/22 de residuos y suelos contaminados para una economía circular. A su juicio, la Directiva Europea de la que emana la ley no impone esa tasa y hay “muchas posibilidades” de financiarla sin que sea “tan lesiva para los ciudadanos”.
Según han calculado los técnicos de Lipasam, el coste de la recogida y tratamiento de los residuos en Sevilla se eleva a los 19,74 millones de euros, sumando todos los costes y teniendo en cuenta que la parte derivada de que llevar los residuos a vertedero es de 9,98 millones de euros, hasta ahora abonado “a pulmón” por los municipios y que tiene sus propios coeficientes según el tonelaje que se entierre en vertedero.
“Buscaremos la fórmula legal que sea más equitativa”, avanzaba Bueno, que aclaraba que aún no está definido cómo se va a articular esa tasa y será la Agencia Tributaria la que determinará cómo se imputarían esos costes en una figura impositiva, aunque ha aclarado que piensan incluir bonificaciones y que cumpla criterios de progresividad, según el tamaño de la vivienda, el número de habitantes y otros criterios según la producción de residuos.
“Europa no tiene la culpa”, decía Bueno, aclarando que lo que ha definido son unos criterios de economía circular de los residuos en los que el Gobierno local está de acuerdo, pero “podían utilizar otra fórmula” que no fuera tan lesiva para los ciudadanos o establecer ayudas a las comunidades autónomas, que además son las que tienen cedido el impuesto a vertederos durante dos años.
El tasazo de Sanz
Tras este anuncio, la portavoz adjunta del PSOE, Sonia Gaya, ha cuestionado la “realidad paralela” en la que vive el Gobierno de José Luis Sanz, ha dado a entender que se retrasará la aplicación de la tasa y les ha recordado que la Ley de residuos es “una imposición de la Unión Europea para fomentar la economía circular y mejorar la eficiencia de la gestión de recogidas de residuos”, por lo que no pueden decir que sea la “tasa Sánchez”.
A su juicio, sí que es el “tasazo Sanz, 26 millones de euros anuales que se van a embolsar entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla en su afán recaudatorio, pese a que su discurso permanente de que nosotros queremos que el dinero esté en el bolsillo de los ciudadanos”.
Según Gaya, es un impuesto cedido a las comunidades autónomas durante dos años y ya se ha cobrado de los ayuntamientos “alrededor de 300 millones de euros” sin haber “repercutido absolutamente nada” a los municipios, que podrían haberse preparado “para que la aplicación de la ley sea efectiva y se puedan reciclar los residuos y se puedan gestionar adecuadamente”.
También ha apuntado que, en el año y medio que lleva gobernando José Luis Sanz el Ayuntamiento de Sevilla “tampoco ha hecho absolutamente nada”, a excepción de “poner por las calles contenedores de biorresiduos que realmente no se reciclan, que van todos al vertedero común”.
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