La juez de instrucción 6, en un auto al que ha tenido acceso Efe, pide a la Consejería de Empleo que informe sobre la "completa filiación, funciones e intervenciones" realizadas en el ERE de la empresa Saldauto por Ramón Díaz Alcaraz, tal como había pedido la Fiscalía Anticorrupción.
Un testigo han declarado a la Policía que Díaz Alcaraz, entonces asesor del director general de Empleo y ahora diputado andaluz, "pidió personalmente" la inclusión de dos de los tres "intrusos" que se acogieron al ERE de Saldauto aunque nunca trabajaron allí.
Respecto a Evaristo Babé, dice la juez que figura como beneficiario en dos pólizas, por las que cobra una prestación de unos 2.000 euros mensuales, pero su informe de vida laboral lo tiene dado de alta en la Seguridad Social como trabajador del Consejo Regulador del Brandy de Jerez.
La juez Mercedes Alaya dice que debe investigarse su "relación personal" con Antonio Fernández, exconsejero de Empleo ya imputado en el caso, así como el sueldo que cobraba por los respectivos puestos de trabajo que ocupaba cuando se firmaron las pólizas y el que ahora obtiene como presidente del Consejo Regulador.
Babé fue nombrado por la Consejería de Agricultura el 20 de octubre de 2010 como presidente del Consejo Regulador de Brandy de Jerez, el mismo día en que Antonio Fernández era nombrado presidente del Consejo Regulador de las denominaciones Jerez, Manzanilla de Sanlúcar y Vinagre de Jerez.
El auto llama la atención además sobre la situación de J.A.M.C., que figura como beneficiario en un ERE con una prestación de 1.900 euros "cuando al mismo tiempo tiene reconocida una incapacidad absoluta por enfermedad común y una pensión inicial de 2.542 euros", por lo que acuerda solicitar su vida laboral.
La juez, por otra parte, rechaza la petición del sindicato Manos Limpias de que la Junta sea "expulsada" del procedimiento, donde ejerce la acusación particular.
En ese sentido, el auto señala que la Administración "está legitimada para personarse como perjudicada en las presentes actuaciones, sin perjuicio de lo que resulte de la investigación y la posible responsabilidad patrimonial en la que pudiera incurrir la Junta como empleadora de las personas que ostentaban cargos".
La juez, que investiga los 72 "intrusos" aparecidos en los ERE financiados por la Junta y las 111 irregularidades en otros expedientes, pide además nuevas investigaciones sobre las prejubilaciones de Dhul y que se averigüe por qué dos perceptores de la bodega González Byass tiene reconocida una Incapacidad Laboral Permanente y a la vez disfrutan de una percepción de 2.000 y 2.500 euros mensuales.
Además, pide que la Junta aclare por qué en la dirección general de Empleo constan copias de resoluciones y expedientes relativas a subvenciones de otra dirección general, en concreto la de Economía Social, así como de la agencia IDEA.
Por otra parte, pide a la Policía Judicial que, a la vista de la documentación recibida, investigue qué personas intervinieron y que funciones desempeñaron en la negociación de convenido colectivo del sector de la limpieza pública de Granada.
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