La sección tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo ha estimado un recurso promovido por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha contra el real decreto de transferencias del 17 de octubre de 2008 y lo anula.
Esta sentencia es consecuencia del fallo del Tribunal Constitucional de marzo pasado que anuló el artículo 51 del Estatuto de Autonomía, que permitía la transferencia de las competencias sobre el Guadalquivir.
El fallo del Supremo no afecta a la gestión que el Gobierno otorgó al Ejecutivo andaluz durante seis meses mientras se busca una vía jurídica que permita a la Junta mantener su gestión del río.
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