La Corporación de la Diputación de Cádiz ha hecho patente su unidad contra la violencia de género con la aprobación del manifiesto conjunto elaborado por las diputaciones andaluzas. Ha sido durante el Pleno ordinario de este mes de noviembre, mes también en el que suceden los actos relacionados con el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres -el 25 de noviembre-, muchos de estos organizados o respaldados por la Diputación en el ámbito provincial.
El documento apoyado por unanimidad por la Corporación recuerda cifras que “siguen siendo alarmantes”. Un aumento del 12 por ciento en el número de mujeres víctimas de violencia en 2023 (36.582 mujeres), 40 mujeres asesinadas en lo que va de año en España, 10 menores asesinados por violencia vicaria y 462 huérfanos o huérfanas de madres asesinadas por violencia machista. Los desafíos a los que hay que hacer frente son variados, pero este año las diputaciones ponen el acento en la ciberviolencia. “Las violencias machistas digitales no son percibidas como algo real, aunque el paso de la violencia virtual al mundo real tenga múltiples consecuencias demoledoras para las mujeres”.
La Diputación de Cádiz se adhiere así al compromiso de “reforzar la coordinación institucional y hacer valer el papel fundamental que los organismos de igualdad de las diputaciones venimos desarrollando contra la violencia machista, prestando especial asistencia al ámbito rural”, “ampliar la atención específica con un enfoque intersectorial, teniendo en cuenta a las mujeres en situaciones más vulnerables, migrantes y refugiadas, de minorías étnicas, con discapacidades, en situación de exclusión social y prostitución” y “desarrollar estrategias para identificar y actuar contra la violencia digital machista”, entre otras medidas.
Por otro lado, los grupos provinciales de Izquierda Unida y PSOE coincidieron en defender propuestas para mejorar las comunicaciones por carretera en la Sierra de Cádiz. Así, la Corporación aprobó de forma unánime el acuerdo para instar a la Junta de Andalucía a incluir en sus presupuestos del año próximo una partida para la conversión en autovía de la A-384 en el tramo entre Arcos y Antequera, así como que elabore un plan integral de mejoras en las carreteras de la comarca. Se trata no sólo de una reivindicación para mejorar la seguridad en la zona, sino también para luchar contra la amenaza de despoblación del territorio rural y para mejorar la competitividad de las empresas del entorno.
A iniciativa del PSOE se debatió una moción destinada a instar a la Junta a impulsar “una política de vivienda pública, realista y justa”, incluyendo “mayores cuantías” en los presupuestos de 2025 para la construcción de viviendas de protección oficial, declarar en la provincia zonas tensionadas en materia de vivienda e incentivar medidas que fomenten la emancipación juvenil. La proposición salió adelante con los votos afirmativos de PSOE e IU y la abstención de La Línea 100x100.
La tercera proposición del Grupo Socialista fue relativa a la oferta de Formación Profesional en la provincia de Cádiz. Según expuso la portavoz Ana Carrera, la oferta formativa es “escasa” y “muy insuficiente”, por lo que propuso instar a la Junta a “asumir de forma urgente un plan general de formación para la provincia” y dotar este plan con inversiones en infraestructuras, de manera que se pueda atender la demanda de empleo en sectores estratégicos como los de la piel o el vino. Se aprobó con los votos a favor de PSOE, IU y La Línea 100x100.
El Grupo Popular presentó una proposición relativa a la obligatoriedad de establecer una tasa de residuos a las entidades locales. Agustín Muñoz sostuvo en su exposición que la obligación a las entidades locales de establecer una tasa de residuos es un “ataque” contra la autonomía local. El acuerdo, que se aprobó con el apoyo de PP y La Línea 100x100 y la abstención de IU, insta al Gobierno a respetar esa autonomía y reconocer la libertad de los ayuntamientos de establecer sus propios tributos, así como derogar la obligatoriedad de la implantación de esta tasa en todos los municipios. La proposición recoge otras medidas como la puesta en marcha de un Plan Nacional de Infraestructuras para la Economía Circular y contribuir a sufragar campañas de comunicación de los ayuntamientos para concienciar sobre la separación de residuos.
Javier Vidal, como portavoz del grupo de La Línea 100x100, defendió una proposición con la que se reclaman medidas que palien las consecuencias negativas derivadas del Brexit en el municipio linense. Entre otras cuestiones, se pide la aplicación de las medidas contempladas en el Plan de Impulso y Desarrollo de La Línea -promovido por el Ayuntamiento linense-, un régimen fiscal especial, incrementar la participación de La Línea en los impuestos del Estado y en los tributos de la comunidad autónoma, planes de empleo y formación, inversiones en infraestructuras y actuaciones para proteger el litoral linense de los problemas medioambientales derivados de la actividad en el Peñón. La moción se aprobó por unanimidad.
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