El otro día -miércoles, 13 pero no martes (¿)- me encontré algo insólito en la plaza de Las Monjas. Sí, muchas personas de uno y de otro sexo, y de todas las edades posibles en un sector de la población que no para de reivindicar para poder tener un sitio apropiado y/o justo en la complicada sociedad que nos ha tocado vivir, y donde el tema de la discapacidad intelectual en concreto sigue manteniendo lagunas en medio, eso sí, de logros como si ante un yunque nos encontrásemos. Un mediodía que me mueve a seguir escribiendo y reivindicando a favor de esas personas que ya tienen un sitio en la sociedad, más o menos adecuado y/o deseable, que quienes nos gobiernan abordan en su permanente problemática con soluciones siempre a medias, como es el caso de la Asociación de Padres y Protectores de Personas con Discapacidad Intelectual de Huelva, pionera en la capital y provincia desde hace más de 50 años y con dos sedes que ya quisieran otras entidades del sector.
La concentración o el manifiesto de ese día sacaba una vez más a la palestra la necesidad de una financiación justa “para las entidades de discapacidad”. Sí, y con un lema por encima de todo: “Nos encontramos aquí porque la situación es crítica y exige respuestas urgentes”. Sí, en Andalucía más de medio millón de personas con discapacidad dependen de los servicios que ofrecemos, leo en el manifiesto: servicios de apoyo, atención y rehabilitación que no solo mejoran su calidad de vida, sino que también garantizan sus derechos fundamentales a la inclusión y a una vida digna. Sin embargo, como no podía faltar, y valga la redundancia, estos servicios están bajo la amenaza de la “falta de financiación adecuada y sostenible”… y más, podría añadir, porque lo que ocurre ahora mismo en Aspapronias, y concretamente en su Centro Especial de Empleo, ya merece una llamada de atención que evite la desaparición de un centro de trabajo nacido hace cerca de 25 años -¡vaya bodas de plata!, un poco irónicamente escribiendo- y siempre con la incertidumbre de la rentabilidad, la eficacia y cómo afrontar el “problema”.
Sí, ese cúmulo de personas y entidades presentes en la plaza de Las Monjas han soportado-vienen soportando durante años una carga creciente de costes, aumentos salariales necesarios para dignificar el trabajo de los empleados y la atención a los beneficiarios -trabajadores discapacitados en el caso de la singular imprenta que me ocupa- así como incrementos en los precios de los suministros, mantenimiento y nuevas exigencias legales. Sí, se imagina el lector que en el caso de Aspapronias y su imprenta el presidente ya era asiduo cliente de los bancos y las notarias para firmar pólizas de crédito y, de momento, pagar nóminas y otros gastos mínimos e indispensables. De ello puedo dar fe después de varios años al frente de la entidad y de la que de una forma personal y directa tuve que desligarme, y fíjense hasta dónde se llegaba: incluso había que restringir la calefacción… El problema alcanza limites insospechados cuando una Ley cuyo contenido exacto convendría analizar y razonar el por qué de su entrada en vigor, requisito por el que a partir de ese momento “la imprenta” se emancipaba y quedaba a su albedrio, o sea, como sociedad limitada, con lo que todo quedaba sujeto a las ayudas y demás tipos de subvenciones y de esta forma la entidad matriz quedaba ahí, no sé qué papel desempeñando y cómo poder salir al frente de necesidades financieras en épocas de poco trabajo y con la espada de Damocles acechando al tener que, no sé de qué forma, recurrir a las controvertidas pólizas de crédito que han ido o venido permitiendo afrontar sueldos y proveedores, algo así como aquello de la pescadilla mordiéndose la cola…
Sí, un problema que por supuesto en medio de otras circunstancias o versiones afectan a esas entidades que pancarta en ristre claman por aquello de “sin financiación no hay futuro”. Un futuro que está bastante oscuro para esos trabajadores discapacitados de la imprenta de Aspapronias y para sus técnicos y/o monitores. La solución del problema tiene varios frentes en manos de las distintas administraciones, pero de momento, y mientras trabajadores y padres de esos trabajadores con discapacidad intelectual andan por el mundo del sindicalismo para ir preparando el futuro, urge que la Junta de Andalucía tome las riendas e independiente de la afección del problema en la generalidad de los casos, en lo que respecta a la imprenta de Aspapronias se estudie la situación y se allane el camino a unas bodas de plata para no entrar en un purgatorio llamado paro. Sí, un problema que necesita estudio y solución y necesidad de un pacto social y político por la discapacidad que garantice la estabilidad de los centros, asegure su continuidad y evite el cierre por mala financiación. ¡Ay, la igualdad! Eso.
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