Huelva Acoge ha denunciado este jueves que algunos migrantes se ven obligados a recurrir por “necesidad” al pago de 8.000 o 10.000 euros por un contrato de trabajo, de forma que se “endeudan y endeudan a su familia para al final llegar a conseguir tener una documentación”.
Así lo ha indicado la trabajadora social de Huelva Acoge María del Mar Pérez Toscado durante la presentación del informe ‘Situación de las personas residentes en asentamientos agrícolas en Andalucía: Hitos desde 2023’, en la que ha precisado que la problemática “estrella” de estas personas es también la dificultad para empadronarse.
Ha afirmado que los ayuntamientos trasladan habitualmente que no pueden empadronar a aquellas personas que viven en monte público.
“Están viviendo en vuestros municipios, son vecinos de vuestros municipios. El problema al final lo están creando ellos porque sin tener un empadronamiento no tienen acceso a servicios sociales, no pueden renovar un pasaporte, no pueden presentar su documentación”, ha dicho.
Asevera a su vez que muchos de los migrantes trasladados desde Canarias quieren solicitar asilo y que, al ir a hacerlo, la Policía les pide dicho empadronamiento. “Al final van a tener que recurrir a tener que pagar grandes cantidades de dinero, como 600, 800 euros, por conseguir un empadronamiento que al final de la semana les dan de baja”, ha lamentado.
Ha indicado que el Ayuntamiento de Lepe ya accede a empadronar, aunque ha expuesto que lo hace gracias a una denuncia de ASNUCI que concluyó en una sentencia a favor de la ONG que obliga al gobierno local a ello.
Sobre la atención sanitaria, ha manifestado que existen profesionales que se “niegan” a una atención telefónica con mediadora, y que trasladan que estas personas no serán atendidas si no acuden al servicio médico.
“Ellos tienen un servicio de teletraducción 24 horas al que tienen acceso y que deberían de usar. También nos dicen que no lo usan porque tienen una agenda, tienen un tiempo determinado para atender a estas personas y que ellos no pueden perder el tiempo en atenderlas”, ha lamentado.
No obstante, ha valorado la buena coordinación que existe con el Distrito Sanitario de Huelva y con las trabajadoras sociales de los centros de salud de Moguer y Lucena del Puerto.
También se ha referido al empleo y a la situación de las personas en situación irregular, “sobre todo las personas que llevan muchísimos años en los asentamientos sin regularizarse”. “Hay personas que llevan 15, 20 años y siguen con esta problemática”, ha dicho.
Algo que desemboca en pagos por debajo del salario mínimo, echar horas a “destajo” y sin cobrar las extras, o no tener tiempo de descanso.
“Es muchísimo el miedo que tienen estas personas y no se fían de los cuerpos de seguridad por el miedo a que al final sean deportados. Luego también queremos hablar de estas personas que al final recurren por necesidad a tener que pagar un contrato de trabajo por 8.000 o 10.000 euros, que es una locura”, ha subrayado.
“Ellos mismos nos dicen, sí, no tengo papeles, al final me están dando trabajo, es algo ilegal trabajar sin documentación, pero al final es el que me está dando de comer. Aunque estoy sufriendo abuso laboral, pero, ¿cómo voy yo a denunciar una cosa que es lo que me está dando la vida en estos momentos?”, ha resaltado.
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