El consejero de Economía, Innovación y Ciencia, Antonio Ávila, ha defendido en el pleno que los objetivos de la norma son la capitalización de las cajas y la profesionalización de la gestión y órganos de gobierno, con la finalidad de "fortalecer a las cajas como entidades de crédito y facilitar el flujo de créditos a familias y empresas".
La norma regula incompatibilidades que se refieren a la imposibilidad de simultanear las funciones en los órganos de gobierno con un cargo político electo o un alto cargo en la Administración pública, para cuyo cumplimiento se establece un plazo máximo de tres años.
En relación con las retribuciones de los miembros de los órganos de gobierno, prohíbe la percepción simultánea de dietas y sueldos, mientras en el caso de la modalidad SIP o fusión fría y del ejercicio indirecto de la actividad a través de entidad bancaria, tampoco se permiten los sueldos o indemnizaciones dobles (una por la caja y otra por la entidad bancaria).
Estas retribuciones, que deberán ser aprobadas por las asambleas generales de las cajas de acuerdo con criterios de austeridad, no podrán ser en ningún caso superiores a las fijadas anualmente para el presidente de la Junta.
Para reforzar la capitalización y facilitar el acceso a recursos financieros en iguales condiciones que el resto de las entidades de crédito, se regulan las figuras de los Sistemas Institucionales de Protección (SIP), el ejercicio indirecto de la actividad financiera de las cajas a través de entidades bancarias y la transformación en fundaciones de carácter especial que gestionan la obra social.
El diputado del PP Antonio Sanz ha reprochado a Ávila que la Junta haya tardado diez meses en aprobar este decreto ley y que lo haya hecho "sin buscar el consenso de la Cámara", por lo que no entiende "cómo en Madrid fue posible" un acuerdo PSOE-PP para aprobar la Ley de Cajas y en Andalucía "no han querido dialogar".
Según Sanz, la reforma "es mala, intervencionista y no soluciona el problema de las cajas ni facilita el dar créditos a familias y pequeñas y medianas empresas", además de "generar desconfianza y provocar inseguridad jurídica" por la falta de consenso y porque en un futuro "no muy lejano" puede verse obligada a ser modificada.
Para los populares esta reforma "no va en la línea correcta y está hecha con enorme cortedad de vida y con cálculos casi exclusivamente políticos", por lo que han acusado a los socialistas de "apropiación indebida del sistema financiero" y de "haber creído que las cajas de ahorro eran propiedad de un partido político".
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