Un policía local ha denunciado al alcalde de Estepona (Málaga), José María García Urbano (PP), al que acusa de agredir sexualmente a él y a su pareja sentimental bajo la amenaza de que podía perder su puesto de trabajo como funcionario, ya que dependía de él.
Según la denuncia, que consta de siete folios y a la que ha tenido acceso EFE, el regidor contactaba a diario con el agente policial para satisfacer sus deseos sexuales.
La supuesta víctima comenzó a trabajar en el Ayuntamiento en marzo de 2022 como funcionario en prácticas y desde el primer momento sintió que el alcalde le tenía un trato especial y que "buscaba una intención libidinosa hacia él".
Miedo a perder su trabajo
El funcionario mantiene en la denuncia "que no le quedó otra salida que acceder a las pretensiones sexuales del alcalde", ya que tenía "miedo a perder su trabajo", porque García Urbano siempre se lo dejaba claro.
El denunciante insiste en el relato acusatorio que García Urbano se "aprovechó" de su condición de alcalde y que existen testigos de lo sucedido que podrían testificar.
También asegura tener prueba gráfica y documental de todos los inmuebles y lugares donde se produjeron los encuentros sexuales, y que los conserva "ante el temor de que pudiera ocurrirle algo, lo guardaba todo", se precisa en la denuncia.
Ordenaba que también fuera su pareja sentimental
"Tal era la perversión utilizada por el denunciado", se indica en el escrito, que, en más de una ocasión, ordenó al funcionario que llamara a su pareja sentimental para mantener relaciones sexuales también con ella.
En 2022, el regidor -según la denuncia- invitó al policía y a su pareja a conocer el Castillo de la localidad malagueña de Monda, que, según el denunciante, García Urbano le había dicho que lo había adquirido por cinco millones de euros.
Ante el temor por las posibles represalias, accedieron a ir al castillo y allí el policía -siempre según su versión- se vio obligado a mantener relaciones con el alcalde en presencia de su pareja.
Ayuda económica
García Urbano, siempre según la denuncia, ofreció a la pareja una ayuda económica de 2.000 euros (dicen tener prueba documental de ello porque poseen las transferencias bancarias) para poder tener un piso alquilado en Estepona, ya que ellos residían en Córdoba, y que también les ayudó a buscar el inmueble en el municipio.
Según el denunciante, "cuando se negó rotundamente (porque ya la situación era insostenible) a mantener relaciones sexuales", (el alcalde) le dijo con tono amenazante que su puesto de funcionario dependía de él y que "si no entraba en su juego su carrera profesional estaba acabada para siempre y que le iba hacer la vida imposible".
Como consecuencia de los hechos denunciados, el policía está de baja laboral con tratamiento psiquiátrico, se indica en la denuncia, y que por recomendación médica no puede acudir a Estepona desde junio de 2023 y que incluso ha tenido varios intentos de suicidio.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Estepona (Málaga) ha incoado diligencias previas del caso.
Perfil del alcalde más votado de España
José María García Urbano, quien actualmente enfrenta la denuncia, es una destacada figura del Partido Popular en el ámbito local. Notario, abogado y registrador de la propiedad de profesion, ha ejercido como alcalde de Estepona desde 2011. Su gestión en el municipio le ha llevado a alcanzar récords de popularidad, obteniendo en las elecciones municipales de 2019 el respaldo del 69,14% de los votantes, convirtiéndose en el alcalde más votado de España.
Bajo su mandato, Estepona ha experimentado una notable transformación en términos de infraestructuras y promoción turística, lo que ha consolidado al municipio como un referente en la Costa del Sol. Sin embargo, cuenta también con muchos detractores de sus proyectos, en especial, tras su decisión de cortar al tráfico la antigua Nacional 340 a su paso por la localidad.
"Injusta campaña para dañar la dignidad personal"
Por su parte, el alcalde 'popular', ante la difusión de la información sobre la interposición de una denuncia contra su persona y que habría sido admitida a trámite por un juzgado de instrucción, ha decidido poner el asunto en manos de un equipo de abogados que va a personarse en el procedimiento a los fines de solicitar que se proceda a escucharle, "de manera voluntaria y a la mayor brevedad, para poner de manifiesto la absoluta falta de fundamento de dicha denuncia".
"Es una inadmisible e injusta campaña para dañar la dignidad personal y la trayectoria del alcalde y del cargo que desempeña con una única y clara finalidad espuria", ha asegurado a través de una comunicación.
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