Según ha informado la Policía Nacional, las investigaciones comenzaron tras tener constancia de que en la Tesorería General de la Seguridad Social y en distintas aseguradoras médicas existían diversas reclamaciones referentes a bajas laborales.
Los agentes detectaron la existencia de empresas en las que se registraban continuos movimientos de altas y bajas que, aparentemente, no se correspondían con una actividad real.
Tras las distintas comprobaciones, los investigadores determinaron que estas empresas eran en primer lugar ficticias y que presentaban sucesivas altas y bajas de trabajadores, algunos de los cuales se repetían en el entramado empresarial.
Además en una fase posterior daban de alta en la Seguridad Social a estos falsos trabajadores, a los que además hacían titulares de coberturas privadas, compatibles con las bajas de incapacitación temporal y de pólizas privadas; todo ello estructurado de tal manera que en caso de accidente, podrían cobrar los beneficiados hasta 60 euros diarios.
La mayoría de empresas investigadas no desarrollaban actividad empresarial real y efectiva, y el autor intelectual de la trama ideó que estas mercantiles ni siquiera llegaran a inscribirse en el Registro Mercantil.
El carácter era exclusivamente instrumental, sin correspondencia con la actividad de los trabajadores que era inexistente, porque el único fin es el cobro de las indemnizaciones.
La culminación del delito se hacía real con la simulación de accidentes de tráfico, en los que daban aviso a la Policía Local que tramitaba el atestado.
Posteriormente se daba de baja en la empresa a los trabajadores para así pasar a depender durante la incapacidad a una mutua concertada con la Seguridad Social para el cobro de las bajas laborales, al tiempo que reclamaban las indemnizaciones a las compañías de las pólizas contratadas.
Desde la Policía Nacional se ha asegurado que en el caso de que no se hubiera realizado esa organización la cantidad defraudada podría haber sido mucho mayor.
A los ocho detenidos se les imputan diversos delitos de estafa y fraude a la Seguridad Social y ya han sido puestos, junto con las actuaciones policiales, a disposición de la autoridad judicial.
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