Al menos 70 embarcaciones de recreo han participado este domingo en una protesta celebrada en el Puerto Deportivo de Carboneras (Almería) en contra del proyecto de remodelación de esta infraestructura, a la que también ha asistido el regidor, Salvador Hernández, para prestar su apoyo.
Esto ha trasladado a Europa Press el presidente de la Plataforma de Afectados del Puerto de Carboneras, Joaquín González, quien ha detallado el motivo de la convocatoria ha sido la oposición a la modificación del proyecto adjudicado en 2019 para la remodelación de la infraestructura portuaria, lo que supone, según la asociación, una reducción de amarres y un incremento de precio.
La reivindicación se ha realizado en tierra y desde las embarcaciones, estas últimas con cartelería y megáfono en mano, con inscripciones como 'Basta de robos, falta de seguridad y limpieza' y 'El Puerto es público, que lo gestione la APPA (Agencia Pública de Puertos de Andalucía). ¡Fuera especuladores!. Según explica González, estas embarcaciones han permanecido dispersas por motivos de seguridad y para no entorpecer la salida y entrada de barcos han permanecido dispersas.
Desde la organización apuntaban esta semana que los afectados se hallan "muy perjudicados" ante una situación "no deseada" derivada del proyecto emprendido por la Junta de Andalucía, por lo que han decidido incrementar sus protestas ante la APPA.
Los convocantes estiman que, de ejecutarse el proyecto en las circunstancias que han trascendido hasta el momento, se "echaría a más de 60 embarcaciones del pueblo a la calle, sin tener oportunidad de amarre". Cabe recordar que esta manifestación se suma a la celebrada en diciembre del pasado año.
La asociación reclamó el pasado mes de agosto ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) la suspensión cautelar del inicio de las obras de remodelación ante la previsión de que arrancaran los trabajos entre tanto se tramitaba la demanda interpuesta este mismo verano contra el proyecto.
La asociación impugnó igualmente la modificación realizada sobre la obra que se adjudicó en 2019 y pidió a la APPA, además de su nulidad, que notificara a la concesionaria la "imposibilidad" de iniciar las obras y vender el derecho de amarre, "exigiendo la devolución de lo percibido hasta ahora".
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