El Partido Popular mantendrá esta semana su presión al Gobierno en el Congreso con el caso Koldo y la corrupción, por los que preguntará a varios ministros en el pleno.
Con la ausencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de viaje oficial en Portugal para asistir a la cumbre hispano-lusa, y a falta de su cara a cara con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, la mayoría de las preguntas se dirigirán a la vicepresidenta primera y ministra de Economía, María Jesús Montero.
"¿Qué más tiene que pasar para que el Gobierno asuma responsabilidades por su corrupción?", preguntarán a la vicepresidenta, a la que irán dirigidas otras cuestiones en la misma línea de los populares.
Su portavoz parlamentario, Miguel Tellado, preguntará también sobre el mismo asunto al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que será interpelado por quién es el "número 1" en la trama de corrupción en la compra de mascarillas que se investiga en la Audiencia Nacional.
Aunque la mayoría de las preguntas del PP serán sobre corrupción, en el orden del día se incluyen también otras dos referidas a la imputación por el Supremo del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos ante la difusión de información sobre el procedimiento por presunto fraude fiscal de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.
Vox preguntará al ministro Bolaños "¿quién va a ser el próximo de ustedes en caer?" y a la ministra Montero por en qué gasta el dinero que recauda su ministerio.
En ERC se centrarán en la vivienda, en Junts en la ejecución presupuestaria, Podemos en el "giro a la derecha" del Gobierno y el grupo vasco en las compensaciones por la reducción del IVA de los productos básicos.
Junto a todo ello, se debatirá una interpelación de Podemos sobre la desclasificación de toda la documentación vinculada al intento del Golpe de Estado del 23F.
Aprobación definitiva de la ley ELA
En el pleno en el Senado de esta semana lo más destacado será la aprobación definitiva de la ley para mejorar la calidad de vida de las personas con esclerosis lateral amiotrófica (ELA).
Fue aprobada por unanimidad en el Congreso el 10 de octubre y no ha recibido enmiendas en el Senado, por lo que tras su paso por el pleno de la Cámara Alta el miércoles estará lista para su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y su entrada en vigor.
El senador socialista Juan Ramón Amores, paciente de ELA, verá cumplido su sueño de poder votar la ley y será uno de los protagonistas de la jornada.
El pleno comenzará el martes con una sesión de control al Gobierno de la que se ausentará una vez más el presidente Sánchez, que solo ha acudido a una desde que hace once meses comenzó su actual mandato.
La portavoz del PP, Alicia García, preguntará a la número dos del Ejecutivo, María Jesús Montero, si Sánchez les ha ya avanzado la fecha de su dimisión.
Además, en el pleno se debatirán mociones sobre vivienda, sequía, pensiones no contributivas para grandes dependientes y regeneración democrática, junto a una reforma del Reglamento del Senado sobre cómo articular la inclusión de asuntos del día para la Conferencia de Presidentes desde la Cámara Alta, con propuestas diferentes de PP y PSOE.
Fuera del orden del día parlamentario está la ley de antecedentes penales, cuya tramitación ha derivado en un inédito conflicto entre el Congreso y el Senado por las discrepancias entre ambas cámaras al dar o no por aprobada la norma y que seguirá en el trasfondo político puesto que hay requerimientos al respecto en sus respectivas Mesas que podrán ser tratados el martes.
El Congreso aprobó la ley y la envió al Senado, que la tramitó sin vetos ni enmiendas, pero cuando el PP supo que su aplicación podía beneficiar a presos etarras al computarles las penas cumplidas en Francia, usó su mayoría absoluta para rechazarla en una votación final.
El Senado entiende que está vetada y no puede entrar en vigor si el Congreso no levanta el veto mediante una nueva votación y éste la da por aprobada definitivamente, así que el PP va a interponer un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional.
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