La Ley de Igualdad trata corregir estas diferencias, algunas claramente discriminatorias, y otras basadas en el libre discernimiento del mercado laboral. No debe permitirse que una mujer cobre menos en un puesto idéntico, pero tampoco hay que perseguir que las empresas no confíen en la mujer para desempeñar cargos de confianza. Las políticas positivas deben tender al incentivo y las facilidades para el empresario, que es al final quien corre los riesgos al contratar a una persona. Si las medidas son las correctas, ni emprendedores, ni trabajadores deberán notar grandes diferencias, porque llegará un momento en el que se hablará de empleados, de forma genérica sin diferenciar sexos. Entonces no habrá un abismo salarial tan grande como el que presenta Cádiz, con los 18.000 euros que ganan los gaditanos por los 11.000 que perciben ellas. Supondrá que las políticas puntuales, las normar marco que suelen ser injustas, facilitan compaginar el trabajo y la familia y dan correspondencia a un mayor número de universitarias con un porcentaje elevado de mujeres en cargos de responsabilidad, con sus correspondientes sueldos.
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