Este acuerdo, que se ha alcanzó en una reunión mantenida ayer por el consejero de Empleo, Manuel Recio, y los secretarios regionales de UGT, Manuel Pastrana, y de CCOO, Francisco Carbonero, permitirá que unos 4.000 trabajadores empiecen a cobrar de forma regular sus remuneraciones y lo que se les adeuda a partir de la próxima semana, según el consejero.
En total hay unos 6.000 beneficiarios de expedientes de regulación de empleo correspondientes a 68 empresas, aunque los impagos han afectado a unos 4.000, los cuales “tienen plena garantía de que van a cobrar todos los meses”, ha apostillado Recio.
No obstante, se mantiene la suspensión de los pagos para los 72 presuntos intrusos que detectó la investigación interna de la Consejería de Empleo sobre las irregularidades en los ERE, y también hay 111 personas más cuyos expedientes presentan discrepancias administrativas.
Por tanto, según Recio, los presuntos intrusos tendrán la oportunidad de aclarar su situación para volverles a introducir en la póliza en el caso de que demuestren que no hay irregularidades y, en caso contrario, “no recibirán ningún dinero y le solicitarán la devolución de todo lo indebidamente cobrado”.
La Junta suspendió hace varios meses el pago de las prestaciones a trabajadores prejubilados a raíz de la investigación judicial abierta en relación a los supuestos fraudes contenidos en expedientes por la presencia de intrusos, es decir, personas que no habían trabajado nunca en algunas empresas.
Recio ha recordado que la Junta paralizó los pagos a las aseguradoras encargadas de pagar las pólizas de los prejubilados para depurar responsabilidades y establecer los criterios administrativos, y “a partir de ahora pagar con seguridad jurídica”.
Ha indicado que el pago de las cantidades adeudadas se ejecutará mediante un expediente de gasto específico, que es la “máxima garantía” que pueden tener ambas partes -los beneficiarios y las aseguradoras- desde el punto de vista administrativo y jurídico.
Los dirigentes sindicales han pedido agilidad en los trámites administrativos en los casos en los que haya problemas de problemas de empleo para no llevar a situaciones límite a los trabajadores.
Pastrana ha alertado de las “consecuencias desastrosas en imagen que tiene para Andalucía” la investigación de los ERE, que ha sido “desmedida y no tiene tanto sus razones en las irregularidades o los delitos”.
A este respecto, el secretario general de CCOO-A ha invitado a los partidos a abrir una reflexión para no “generar sospechas permanentes sobre la actuación de las administraciones, que afecta a muchas trabajadores”.
Arenas insiste en investigar los ERE
El presidente del PP andaluz, Javier Arenas, ha advertido al jefe del Ejecutivo regional, José Antonio Griñán, de que se estará cometiendo un “presunto delito” si no se investiga los ERE “muertos” -los que ya han sido abonados-, y ha añadido que es “falso” que la Junta diga que solo hay una quincena.
Según la respuesta dada por el Ejecutivo, la Junta solo ha subvencionado durante el periodo 2001-2010 quince expedientes de regulación de empleo “muertos” -que ya han sido abonados y cancelados en su totalidad-, de los que se han beneficiado 639 trabajadores.
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