La delegada municipal de Urbanismo, Cándida Verdier, interpreta esta comunicación como que “el trabajo de este Gobierno no está cayendo en saco roto y que el resultado va siendo satisfactorio", ya que el decreto, según Verdier, daría respuesta a la moción aprobada en el Pleno del pasado 22 de marzo por la que “instábamos a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Administración autonómica a trabajar para dar una solución legal a estas viviendas, para que las familias que residen en ellas pudieran tener acceso a servicios tan básicos como la luz y el agua”.
En ese mismo Pleno también se aprobaron las ordenanzas municipales en materia urbanística y fiscal para las viviendas fuera de ordenación, y que el pasado viernes fueron publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).
El decreto que se está ultimando, según indica el comunicado de la Delegación Provincial, contemplará tres supuestos: las edificaciones aisladas, los asentamiento urbanísticos y los ámbitos de hábitat rural diseminado.
Respecto a las viviendas aisladas, el decreto diferenciará las que son legales o legalizables de las que son ilegales. En el caso de estas últimas se hará una distinción entre aquellas para las que ha prescrito la posibilidad de ejercer acciones disciplinarias y aquellas en las que no puede darse estas circunstancias por estar ubicadas en suelos protegidos o inundables.
Basándose estas diferentes casuísticas, la normativa que prepara la Junta establecerá distintas respuestas para que las viviendas puedan obtener una licencia de ocupación o un reconocimiento que les permita mantener su estado actual y acceder a servicios como la luz y el agua, objetivo último de todo este proceso.
“La Junta de Andalucía está respondiendo a la necesidad de regularizar la situación de muchas familias tanto en nuestra ciudad como en otras muchas del territorio autonómico que sufren este mismo problema. En esto hemos estado trabajando, elaborando unas ordenanzas municipales, pero sin duda el respaldo de un decreto a nivel autonómico será muy beneficioso para todos los afectados”, ha apuntado Verdier.
Cabe recordar que en Chiclana, además de las 15.500 viviendas incluidas en las Áreas de Gestión Básica (AGB), se ha estimado que existen unas 2.200 viviendas fuera de ordenación, muchas de ellas ubicadas en zonas como Los Llanos, margen derecho de la carretera del Marquesado, Pago Melilla o final de Pago del Humo.
En este número de viviendas fuera de ordenación se incluyen las construidas en zonas innundables o protegidas que en aplicación de la ley no podrán ser legalizadas ni reconocidas, quedando su situación pendiente de lo que determinen los tribunales de justicia y sin posibilidad de acceso a los servicios básicos.
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