Barbate

Barbate anuncia acciones "más contundentes" si no hay respuesta al Plan de Singularidad

Este plan, aprobado hace más de 190 días, reclama compensaciones económicas por la servidumbre de terrenos militares en Barbate

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  • Miguel Molina, alcalde de Barbate

El Ayuntamiento de Barbate (Cádiz) ha dado un plazo de tres meses al Gobierno de España para adoptar actuaciones "más contundentes" en relación a su Plan de Especial Singularidad y tras recibir una carta del Ministerio de Hacienda en la que se le transmite que le compete a Defensa el establecer "compensaciones y cualquiera otra medida relacionada con la servidumbre y otras restricciones que las instalaciones militares puedan provocar" en esta localidad gaditana.

En una comparecencia, el alcalde de Barbate, Miguel Molina (Andalucía Por Sí), ha mostrado su disconformidad a que desde Hacienda establezcan una "diferenciación" entre los terrenos del Campo de Adiestramiento Sierra del Retín, que se encuentra en su término municipal, y las bases militares en Rota (Cádiz) y Morón (Sevilla).

Para Molina la ocupación militar "es la misma" pero en Barbate se genera "un mayor perjuicio" porque en Rota "por lo menos se crea empleo y estabilidad y se perciben compensaciones", mientras que en su localidad están "más perjudicados que el resto de territorios con ocupación militar porque tenemos el doble que ellos ocupados y no crea ningún tipo de beneficio al municipio, sino todo lo contrario, dejamos de poder desarrollar, dejamos de poder recaudar y muchísimos perjuicios que nos ocasiona el no tener ningún tipo de compensación que otros territorios sí tienen", ha advertido.

El alcalde ha lamentado que entre los ministerios "no se aclaren" sobre quién debe compensar a esta localidad por el tema de la servidumbre militar, advirtiendo que puede que "si se estén aclarando para marearnos a nosotros, que posiblemente es lo que nos estén tratando de hacer los distintos ministerios o esa es la estrategia que están aplicando".

"Se están equivocando totalmente en este sentido. Nosotros no nos vamos a dejar marear. Le pedimos desde aquí que se pongan de acuerdo porque les puedo garantizar que actualmente este plan de singularidad a lo sumo lo han hecho uno o dos municipios de los que están recibiendo hoy en día ayudas estatales", ha manifestado Miguel Molina.

Siguiendo con esto, ha explicado que desde el Gobierno se le ha trasladado en años anteriores el que Barbate debía contar con un plan especial para tener acceso a alguna de estas compensaciones económicas y que una vez hecho, "se le están dando compensaciones a otros municipios que no han solicitado siquiera". "Nos están faltando al respeto al municipio", ha apostillado.

Es por eso que ha dado un plazo de tres meses al Gobierno para alcanzar un acuerdo y en caso de que no se produzca, "tomar otro tipo de actuaciones que sean más contundentes". "No digo esto como un tono de amenaza ni nada, pero vamos a seguir siendo peleones porque no nos queda más remedio", ha comentado Miguel Molina, anunciando que seguirán enviando cartas a los ministerios de Defensa y Hacienda para poder hablar de estos asuntos "cara a cara".

También van a remitir la carta recibida por Hacienda a la ministra de Defensa, Margarita Robles, para que ésta sepa que "le han pasado la pelota a ellos, a ver qué nos responden".

"A partir de los tres meses, si vemos que no hay solución a este asunto, haremos una consulta a la ciudadanía y haremos cuestiones en las que nos plantearemos otro tipo de medidas", ha comentado, marcando también como "importante" el contar con el apoyo del Parlamento de Andalucía y del Congreso de los Diputados, donde se va a trasladar su Plan de Especial Singularidad.

"Si hace falta, lo llevaremos a Europa. Nosotros vamos a pelear este asunto y espero que no lo retrasen lo máximo posible, porque me da la impresión que esa es la finalidad, retrasarlo", ha lamentado el alcalde, quien ha recalcado que tienen un plazo de tres meses "para tomar otro tipo de actuaciones que sean más contundentes".

El Plan de Especial Singularidad de Barbate fue aprobado en el pleno hace más de 190 días y entregado a los ministerios de Defensa y Hacienda. En él se reclama una deuda de 411 millones por la servidumbre de terrenos militares en su término municipal.

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