Así lo han indicado fuentes judiciales, que han precisado que la vista oral, que sentará en el banquillo de los acusados a una decena de personas, comenzará el 1 de febrero y que está previsto que se prolongue todo ese mes.
La jueza que instruyó el caso acordó la apertura de juicio oral contra doce imputados por el desplome, si bien la Fiscalía acusó en su escrito de conclusiones provisionales a once de ellos y solicitó el sobreseimiento de la causa para el jefe de Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Oriental.
La acusación pública pide penas de entre tres años y medio y cuatro años de cárcel para cada uno de las once personas a las que imputa por el accidente, entre los que figuran el ingeniero director del proyecto de ejecución de la obra y el coordinador de Seguridad del Ministerio de Fomento.
A diez de estos once imputados, entre los que figuran el ingeniero director del proyecto de ejecución de la obra y el coordinador de Seguridad de Fomento, se les acusa de un delito contra el derecho de los trabajadores, seis de homicidio imprudente y tres de lesiones imprudentes, por los que se enfrentan a cuatro años de cárcel e inhabilitación especial por el mismo periodo de tiempo.
Para el último acusado, el capataz de Estructuras y Montajes de Prefabricados, una de las empresas que intervino en la obra, el fiscal pide tres años y medio de cárcel y el mismo tiempo de inhabilitación por seis delitos de homicidio imprudente y tres de lesiones imprudentes.
Por su parte, el sindicato UGT, personado en la causa, pide un total de 52 años y medio de prisión y 45 de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión para diez imputados, mientras que CCOO solicita un total de 288 años de cárcel para los doce imputados por la jueza.
El secretario general de la Federación de Metal, Construcción y Afines (MCA) de UGT-Granada, Francisco Ruiz Ruano, ha considerado "una buena noticia" que ya haya fecha para este juicio, aunque considera que es "tardía".
Además, ha reiterado su indignación por la demora en todas las fases del proceso judicial, ya que en el momento en que empiece el juicio, ha dicho, habrán pasado más de seis años desde que ocurrió la tragedia.
El accidente se produjo en la tarde del 7 de noviembre de 2005 y en él murieron cinco trabajadores portugueses y un español y otros tres resultaron heridos.
La obra había sido adjudicada a la Unión Temporal de Empresas (UTE) La Herradura -formada por Azvi, Obras Subterráneas y Ploder- que subcontrató parte de los trabajos a la gallega especializada en viaductos Estructuras y Montajes de Prefrabricados, que, a su vez delegó parte en la portuguesa Douro Montemuro.
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