Vox defenderá esta semana en el Pleno del Congreso una propuesta para eliminar el IVA en la adquisición de una primera vivienda y reinversión habitual y bonificar el 100% de la cuota tributaria del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para la compra de primera vivienda y reinversión en vivienda, pero siempre que sea "por parte de un español", dejando así excluidos de este beneficio fiscal a los extranjeros.
Asimismo, propone destinar a alquiler social tanto las viviendas construidas que cumplan con los requisitos de habitabilidad como el suelo urbanizable que sean titularidad de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb).
Es una propuesta que los de Santiago Abascal hacen mediante una moción consecuencia de la interpelación que dirigieron a la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, el pasado miércoles durante la sesión de control al Gobierno.
Además de destinar esas viviendas a alquiler social, la formación también quiere habilitar una plataforma auditada de peticiones para que, manteniendo la Sareb la titularidad de los activos, sean los ayuntamientos los que le soliciten, en función de la demanda y las necesidades habitacionales, este destino para los bienes.
Pero esa es sólo una de las dieciocho propuestas que Vox incluye en su moción. La formación también insta al Gobierno a derogar la Ley de Vivienda que se aprobó en la legislatura pasada y un paquete de liberalización fiscal para la compra de vivienda del que se beneficien ciudadanos españoles.
También piden recuperar la deducción por inversión en vivienda y por gastos de alquiler de vivienda habitual en el IRPF, así como incentivos fiscales en materia de vivienda con el fin de consolidar población en "zonas especialmente poco pobladas de la geografía nacional o con especial vulnerabilidad, como el Campo de Gibraltar".
Otras peticiones el grupo pasan por una liberalización del suelo, fomentar que los propietarios pongan sus viviendas en alquiler a través del incremento de los beneficios fiscales a las rentas de alquiler de vivienda habitual; o impulsar la colaboración público-privada a efectos de aumentar el parque de viviendas sociales y protegidas basándose en el estudio pormenorizado de las zonas de España que se encuentran más tensionadas.
Varios puntos de la moción de Vox incluyen medidas para luchar contra la ocupación, como una modificación de la ley reguladora de las haciendas locales para eximir a los propietarios de inmuebles ocupados ilegalmente del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) durante el periodo de ocupación ilegal del inmueble.
Los de Abascal instan al Gobierno a promover una política de defensa de la propiedad privada, en general, y concretamente de los bienes inmuebles; a impulsar "la persecución y la toma de medidas preventivas contra el fenómeno de la ocupación y la inquiocupación"; y a impedir que un ocupa pueda empadronarse en la vivienda ocupada ilegalmente.
Por otro lado, Vox propone articular medidas de protección por parte de los poderes públicos hacia los deudores hipotecarios e inquilinos precarios sobrevenidos, con base en unos criterios de justicia y sujeción a limitaciones temporales en el corto plazo.
A esto se suman peticiones para reforzar la seguridad jurídica y la certidumbre regulatoria para todos los actores implicados en la vivienda (promotores, constructores, propietarios, arrendatarios) y agilizar los trámites administrativos y la burocracia relacionados con las licencias de obras y el desarrollo de suelos urbanizables, mediante la promoción del incremento de los medios técnicos y personales de los ayuntamientos encargados de la redacción de los informes técnicos pertinentes para la concesión de licencias.
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