En este sentido, el letrado de Antonio Rivas, Joan Ánder Sánchez, explicó a Europa Press que ha sido esta semana cuando ha presentado un escrito ante el Juzgado de Instrucción número 6 en el que se opone al conflicto de jurisdicción planteado por la Administración autonómica, cuya postura ha sido apoyada por la Fiscalía Anticorrupción en el sentido de pedir a la juez Mercedes Alaya que “decline” su jurisdicción “en el único extremo de no reclamar la entrega de las actas” de los Consejos de Gobierno, sustituyendo este requerimiento por el de certificación acreditativa de los acuerdos adoptados expedida por el secretario de dicho órgano de gobierno.
En el escrito, el abogado del exdelegado provincial de Empleo, que también se encuentra imputado por el presunto intento de cobro de comisiones ilegales a dos empresarios del Grupo La Raza para el desarrollo de una escuela de hostelería, pone de manifiesto que la causa que instruye el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla “requiere una instrucción completa sin partes vedadas al conocimiento de la juez”, en referencia al hecho de que la Junta se haya negado a entregar las actas de los Consejos desde el año 2001.
El letrado de Antonio Rivas incide en su escrito en que, de cualquier forma, “es necesario que se aclare el conocimiento y alcance de los hechos en todos los niveles de la Junta”.
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