Desde el mes de noviembre el PP ha presentado numerosas iniciativas en el Congreso y en el Senado relativas al mandato de Chaves en Andalucía.
Éstas están especialmente relacionadas con supuestas irregularidades en Mercasevilla y en los ERE, así como con fondos públicos para empresas relacionadas con parientes del vicepresidente.
El PP en algunas ocasiones pregunta sobre estas cuestiones directamente, mientras que en otras, como una de la semana próxima, lo hace más indirectamente, aunque el resultado final es el mismo: críticas y reprobación a la administración de Chaves.
Concretamente, el martes, el senador Rafael Salas se interesará por si el vicepresidente considera que su gestión “está repercutiendo negativamente en la credibilidad del Gobierno de España”.
Además, el senador Sebastián Pérez preguntará por su valoración sobre el grado de cumplimiento del Código de Buen Gobierno de los altos cargos de la Administración General del Estado.
Por su parte, el exsindicalista Juan Lanzas, imputado por su mediación en los ERE presuntamente fraudulentos, ha asegurado que su trabajo fue “legítimo”, fruto de sus 20 años de experiencia en “complejas negociaciones” sindicales, y que siempre creyó que la consultora le pagaba con fondos propios y no prejubilándolo en una empresa donde nunca trabajó.
En sus primeras declaraciones tras ser imputado, Lanzas ha explicado que, al no tener exclusividad en UGT, compaginó su labor sindical con la de comercial para la consultora Vitalia para llevarle colectivos que iban a prejubilarse, previo acuerdo entre la empresa y el comité de empresa, y que su remuneración era mayor si, además del corredor, conseguía que la aseguradora fuera alguna del grupo Vitalia.
Según Lanzas, esa simultaneidad es “algo perfectamente legítimo” y la remuneración en forma de seguro de rentas, aunque pueda llamar la atención, es “normal”, porque a Vitalia “le era mucho más cómodo crear una póliza para mí y diferir los pagos de este modo”, mientras él tenía “una retribución asegurada durante diez años”.
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