En la iniciativa, que fue defendida por la portavoz parlamentaria del PP andaluz, Esperanza Oña, se pide a la Junta que regule “con carácter” urgente mediante norma los programas y ayudas sociolaborales relacionados con procesos de reestructuración de empresas, sin que en la concesión de las ayudas que se articulen bajo estos programas ni la materialización del pago de las mismas, pueda ser objeto de encomienda de gestión o encargo de ejecución a ningún ente instrumental del sector público de la Junta.
El PP solicitaba que se elimine la figura del comisionista en relación con las ayudas sociolaborales a trabajadores y prejubilados procedentes de expedientes de regulación de empleo.
Los populares plantean que se promueva la convocatoria de concurso público en aquellos casos que sea necesaria la participación de empresas aseguradoras para la suscripción de pólizas destinadas al pago de prejubilaciones y subvencionadas por la Junta, asegurando en todo caso la competencia efectiva y la transparencia en la adjudicación de contratos públicos.
De la misma forma, se pedía garantizar en todo caso el mantenimiento de los compromisos adquiridos por la Consejería de Empleo en relación con las ayudas a trabajadores y prejubilados procedentes de expedientes de regulación de empleo, así como el cumplimiento inmediato de los compromisos de pago, sin que se produzcan más demoras ni mermas en los derechos de ex trabajadores y prejubilados “de buena fe”.
Finalmente, el PP demandaba que se dejen sin efecto las pólizas correspondientes a falsos prejubilados detectados en expedientes de regulación de empleo subvencionados, y que la Junta colabore activamente con la Justicia en aras a garantizar absoluta transparencia y un mejor esclarecimiento en relación con los fraudes, aportando cuanta documentación sea requerida por el Juzgado competente, incluyendo las actas de Consejos de Gobierno.
En su intervención, Esperanza Oña denunció que el Gobierno andaluz mantiene una continua estrategia de ocultación y de minimización de la trama y el fraude de los ERE “mediante el maquillaje de las cifras”.
Según Oña, no incluye en sus estimaciones “ni las millonarias cantidades desviadas a ayuntamientos y a un centenar de empresas sin publicidad, ni concurrencia, ni procedimiento legal; ni las comisiones a intermediarios y conseguidores, algunas de ellas dobles; ni tampoco otros posibles casos de falsos prejubilados, al limitar la investigación interna a las ayudas relativas a expedientes de regulación de empleo 'vivos'”.
Pilar Navarro (PSOE), que lamentó que el PP se crea que “por mucho mentir van a tener razón”, denunció que la iniciativa del PP está “llena de mentiras”.
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