La Mesa del Parlamento andaluz ha admitido a trámite una proposición no de ley (PNL) registrada por el Grupo Popular que plantea que la Cámara autonómica manifieste su "disconformidad" y se oponga "con la mayor firmeza a que el Gobierno de España privilegie a un territorio concreto con una 'financiación singular'".
Así se recoge en el primero de los tres puntos en los que se basa esta iniciativa, consultada por Europa Press y registrada por el Grupo Popular con fecha del pasado 15 de julio, antes de que se diera a conocer el preacuerdo que el PSC y Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) alcanzaron dos semanas después para que esta última formación respaldara la investidura del candidato socialista, Salvador Illa, como presidente de la Generalitat.
Según informó ERC, dicho preacuerdo, que posteriormente fue respaldado en una consulta por una mayoría de militantes de la formación republicana, prevé que Cataluña salga del régimen común y que la Agencia Tributaria Catalana gestione, liquide, recaude e inspeccione todos los impuestos.
Antes de que se diera a conocer ese preacuerdo, el Grupo Popular registró en el Parlamento andaluz una PNL para su debate en el Pleno de la Cámara autonómica "relativa a la defensa de una financiación autonómica justa y suficiente dentro del marco constitucional".
Con esta iniciativa, el PP-A quiere, en primer lugar, que el Parlamento de Andalucía manifieste su "disconformidad" y se oponga "con la mayor firmeza a que el Gobierno de España privilegie a un territorio concreto con una 'financiación singular', ya que esto vulnera principios constitucionales básicos".
En segundo lugar, el Grupo Popular plantea en esta PNL que el Parlamento andaluz inste al Gobierno de la Junta "a solicitar al Gobierno de la nación la creación de un Fondo Transitorio de Compensación que, de manera provisional, hasta la entrada en vigor de un nuevo Sistema de Financiación, permita que Andalucía reciba una financiación que iguale a la media de las comunidades autónomas, habida cuenta de que, con el actual sistema negociado por PSOE y ERC, se perjudica y lesiona a Andalucía, que recibe 170 euros menos por habitante ajustado que la media de las CCAA --comunidades autónomas--, según los informes de Fedea".
Y, en tercer lugar, la iniciativa 'popular' quiere que el Parlamento inste al Gobierno andaluz "a solicitar la convocatoria urgente de la Conferencia de Presidentes, así como las sesiones que fuesen necesarias del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), para abordar, con la participación en igualdad de condiciones de todas las comunidades autónomas, el diseño de un nuevo sistema de financiación autonómica más justo, equilibrado y equitativo que el actual, y que no perjudique a ninguna comunidad autónoma, como perjudica a Andalucía, Valencia, Murcia y Castilla-La Mancha el que negociaron en 2009 el PSOE y ERC".
En la exposición de motivos de esta iniciativa, el Grupo Popular evoca el "gran consenso" entre grupos políticos que se alcanzó en el marco del grupo de trabajo constituido en el Parlamento andaluz durante la décima legislatura "con el que construir una posición común de Andalucía de cara a la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica".
Este consenso "culminó con la aprobación, por parte del Parlamento de Andalucía, del dictamen de la Comisión de Hacienda y Administración Pública, de 9 de marzo de 2018, en la sesión plenaria celebrada el 21 de marzo de ese mismo año", relata la iniciativa del PP-A, que pone de relieve que "han pasado más de seis años desde aquel acuerdo" y, "en todo este tiempo, el Gobierno de la nación, del que es vicepresidenta y ministra de Hacienda quien era consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía cuando se aprobó el mencionado dictamen, María Jesús Montero, no ha avanzado en la línea que ella misma defendía y que el Partido Popular, desde la oposición, apoyó".
Desde el PP-A denuncian que "los únicos pasos que ha dado el Gobierno de la nación para la reforma de un sistema de financiación autonómica obsoleto y perjudicial para buena parte del territorio y para el 36% de la población española, negociado por el PSOE con ERC, no van en la dirección de acabar con los defectos del actual modelo".
"Todo lo contrario, el PSOE adquirió el pasado noviembre, por escrito, con las dos fuerzas independentistas catalanas (ERC y Junts) una serie de compromisos a cambio del apoyo de estas formaciones a la investidura de Pedro Sánchez, que suponen un agravio para Andalucía y el resto de España", continúa denunciando la iniciativa del PP-A, que subraya que "entre esos compromisos destacaban la condonación a la carta de una parte de la deuda que Cataluña mantiene con el Estado, la posible cesión de todos los impuestos recaudados en el territorio catalán a la Comunidad Autónoma de Cataluña, y una financiación privilegiada para Cataluña, atendiendo a una supuesta singularidad que no está reconocida en la Constitución, ni para la cual existen razones objetivas desde el punto de vista histórico, económico ni social".
El PP-A sostiene en esta iniciativa que "la propuesta de una 'financiación singular para Cataluña' supone un ataque a la convivencia que vulnera principios fundamentales consagrados en la Constitución y su bloque de constitucionalidad, como la igualdad, que es uno de los 'valores superiores del ordenamiento jurídico' (...), y que está por encima de cualquier 'condición o circunstancia' (...)".
"También supone un ataque contra el principio de solidaridad interterritorial consagrado en la Constitución (...) y la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca), por el que los diferentes Estatutos autonómicos no pueden implicar 'en ningún caso, privilegios económicos o sociales' (art. 138.2), y en virtud del cual se prevén mecanismos para 'corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad', como el Fondo de Compensación", expone asimismo el Grupo Popular en su iniciativa.
También sostiene el PP-A en su PNL que "el mero planteamiento de diseñar una 'financiación singular' para un territorio específico, que presumiblemente implicará la cesión a Cataluña de todos o buena parte de los impuestos estatales que tributan los ciudadanos catalanes, rompe el sistema tributario estatal, que obliga a todos los ciudadanos a contribuir al sostenimiento de los gastos públicos 'de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad', añade citando el artículo 31.1 de la Constitución.
El Grupo Popular se muestra además en contra de una "financiación singular" para Cataluña porque "pone en riesgo también el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria estatal", así como "la distribución de la renta regional (...), vulnera la subordinación de la riqueza al interés general" y "pone en peligro la capacidad del Estado para planificar la actividad económica (...) al detraer recursos equivalentes al 20% del PIB del país".
Finalmente, el PP-A argumenta para justificar el registro de esta PNL que "la propuesta supone también un ataque a la lealtad institucional que debe regir las relaciones de las haciendas estatal y autonómicas, y elude la obligación de coordinar las decisiones que afectan a aquellas en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, al optar por una negociación bilateral en un asunto que afecta a la financiación autonómica".
Al respecto, el PP-A subraya que la Lofca "deja claro" que al CPFF le corresponde, "en general, todo aspecto de la actividad financiera de las comunidades autónomas y de la Hacienda del Estado que, dada su naturaleza, precise de una actuación coordinada".
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