Un grupo de ambientalistas y organizaciones de protección animal y derechos humanos demandaron apoyo internacional para el proyecto S.O.S. Yucatán, cuyo objetivo es frenar las megagranjas porcícolas que causan graves daños a las comunidades indígenas del sureste de México.
“Hoy alzamos la voz, porque el 80 % de esas megagranjas se instalaron en ejidos, en comunidades mayas contaminan el agua, aire y suelo”, contó este viernes a EFE Sofía Morín, miembro legal de la organización Mercy For Animals Latinoamérica.
Junto con varios organizaciones mexicanas llegaron al estado de Yucatán, sureste del país, para investigar y escuchar de propia voz de los indígenas su forma de vida y cómo se sienten ante los terribles olores y moscas que hay en sus comunidades a causa de la contaminación que ocasionan las megagranjas.
“La industria porcícola llega y se instala en comunidades donde hay población vulnerable, como Santa María Chi (comunidad de Mérida), violando la autodeterminación de esos pueblos que nunca autorizaron la llegada de las granjas, que tienen unos 100.000 animales”, aseveró.
La ambientalista consideró que la comunidad maya de Yucatán está en alerta roja, ya que las granjas porcícolas “violentan el derecho humano a un ambiente sano”.
De acuerdo a un estudio, el año pasado contaron 872 posibles granjas de cerdos, no todas son megagranjas, pero gracias a un dictamen de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) se tomaron muestras de agua en las comunidades cercanas a esa industria y se descubrió que los niveles de contaminación, según las normas mexicanas en la materia, eran graves.
“En algunos sitios se rebasan hasta ocho veces la cantidad de contaminación que puede tener uno de estos lugares”, aseveró.
Los ambientalistas demandaron que se cumpla el Convenio de Ramsan relativo a los humedades de importancia internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas.
El Convenio es un tratado intergubernamental aprobado el 2 de febrero de 1971 a orillas del Mar Caspio, en la ciudad iraní de Ramsar que entró en vigor en 1975.
“Urge que autoridades internacionales intervengan de manera objetiva y que brinden ayuda a las comunidades indígenas de Yucatán, ya que tienen expertos en mangles y cenotes”, agregó.
Daños a la comunidad
Sofía Morín manifestó que autoridades de Semanart en Yucatán no quisieron recibir a los ambientalistas que llevaron un documento firmado por 150 personas de Santa María Chi que tienen una granja dentro de la comunidad maya y que día a día viven un infierno por la pestilencia que genera esa industria.
“Solo nos recibieron el documento, que también incluye la firma de 10 organizaciones de protección ambiental, cuidado animal y derechos humanos, no hubo un diálogo con las autoridades, porque se dieron cuenta que era una protesta”, aseguró.
Antes de retornar a la Ciudad de México, comentó que el documento ambientalista incluye 21.000 firmas digitales.
“Ojalá el Poder Judicial aplique la Ley, porque nuestras investigaciones arrojan severos daños a las aguas de cenotes y manto freático de Yucatán”, indicó Morín.
Dijo que la misión de Mercy For Animals Latinoamérica es tener un sistema de alimentación más compasivo y sostenible, “teniendo como objetivo terminar con la explotación animal”.
“Tenemos presencia en Estados Unidos, India, Canadá, Chile y México y ahora estamos apoyando a las comunidades de Yucatán, donde en marzo pasado sobrevolamos con drones algunas megagranjas que tienen de 60.000 a 100.000 animales, ahí nos dimos cuenta de la magnitud del problema”, aseveró.
Además, Mercy For Animals Latinoamérica comprobó que el maltrato animal en las megagranjas, “es terrible porque tienen a las hembras sufriendo durante meses, porque no se pueden mover en las jaulas”, dijo.
También comentó que a los cerdos los castran sin anestesia, “les retiran la cola y colmillos con prácticas terribles que se consideran 'estándares' en esa industria”.
Según las cifras en su poder, en la Península de Yucatán se producen al año dos millones de cerdos que son enviados y exportados a Asia.
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