La Bahía de Cádiz es actualmente el humedal marino más importante de España. De las 130 salinas del parque, 75 están abandonadas. Hay diez salinas con autorización para la explotación de sal, 39 para actividad acuícola y seis para biodiversidad. En diez años, la superficie salinera de la Bahía ha pasado de ser el 47 por ciento de la Bahía a sólo un 12 por ciento, y la actividad acuícola ha pasado de ocupar el 31 por ciento a un escaso 9,4 por ciento en la actualidad.
Es por ello que esta misma semana la Junta de Andalucía los nuevos Planes de Recursos Naturales y de Uso y Gestión del Parque Natural Bahía de Cádiz. Un nuevo plan no solo se adapta a las necesidades sino también a la realidad.
Cabe recordar que el Parque Natural Bahía de Cádiz se creó hace 35 años y han pasado ya 20 desde la última actualización de su Plan. La necesidad de adaptar la gestión a la actualidad era patente, así como una simplificación de los procedimientos administrativos. Simplificación que se está haciendo de manera transversal en el Gobierno andaluz y que contribuirá a la agilización de la Administración autonómica, en todas sus vertientes.
La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, ha dejado claro que la prioridad absoluta del nuevo decreto es favorecer la inversión y la economía en las salinas con modelos de negocio sostenibles, económica y medioambientalmente y como resultado, recuperar la biodiversidad que está perdiendo el espacio natural.
Además se incorpora como novedad la posibilidad de que esta actividad pueda desarrollar otras actividades complementarias como el turismo, la gastronomía, la educación ambiental, el uso público deportivo o nuevos proyectos relacionados con la economía azul, “porque la economía azul es un prioridad para la Junta de Andalucía y esperamos que Cádiz y la Bahía se convierta en una referencia nacional y europea en la materia”, ha dicho la delegada.
En cuanto a la vigencia del Plan, el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN), tendrá una vigencia indefinida, pero se articula un procedimiento para su modificación y revisión constante. El Plan Rector de Uso y Gestión (PORG) tendrá una vigencia de ocho años prorrogable a otros ocho.
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