La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha asegurado que la Diputación de Sevilla que preside Javier Fernández "puede denunciar donde crea" el I Plan Estratégico Andaluz para la Vigilancia y Control de Vectores Artrópodos con incidencia en la salud que promueve la Consejería para combatir especialmente el virus del Nilo, pero ha abogado por que "la salud no esté ni en la bronca ni en el conflicto" porque "la ciudadanía puede pensar que no se está trabajando". "Al final, nos hacemos un flaco favor y le hacemos un flaco favor a la ciudadanía, que lo que debe saber es que tomamos medidas para proteger su salud".
En una entrevista con Europa Press, Catalina García se ha referido así a la decisión confirmada por el organismo provincial, que entiende que el citado plan "lesiona" la autonomía de los ayuntamientos. "Pueden denunciar el plan donde ellos crean y volver a los juzgados, donde ya hemos estado por las competencias" sobre las medidas de prevención y sobre lo que "hay sentencias firmes que dan la razón a los servicios jurídicos de la Junta", ha recordado la consejera.
"En vez de contarle a la población que existe un plan totalmente estratificado, donde todas las administraciones saben lo que tienen que hacer en cada nivel de alerta, transmitimos que no estamos haciendo nada; que no se está fumigando en los arrozales; que no se está fumigando en los entornos urbanos, cuando es todo lo contrario. Todos los ayuntamientos lo están haciendo", ha argumentado la titular andaluza de Salud y Consumo. "Al final --ha continuado--, nos hacemos un flaco favor y le hacemos un flaco favor a la ciudadanía, que lo que debe saber es que tomamos medidas para proteger su salud".
En este sentido, la responsable autonómica ha enfatizado que existe un "contacto directo" entre los técnicos de la Diputación y de la Dirección General de Salud Pública. Precisamente, ésta última "ha ayudado" al organismo provincial en los pliegos del contrato que por la vía de urgencia ha licitado para tareas de prevención en las márgenes del río. "Hemos solicitado un cita al presidente de la Diputación, de la que aún no tenemos respuesta, para precisamente bajar a donde tenemos que estar, que es en el trabajo conjunto", ha sentenciado.
La consejera Catalina García ha reconocido que "este año ha entrado un poco en discordia la Diputación de Sevilla, a la que le pedimos nosotros que se involucrara para ayudar a los ayuntamientos, porque para eso están, para ayudar a los ayuntamientos en una situación que ellos no pueden llegar a suplir. Quiero recordar además que esta situación es excepcional para un número de ayuntamientos. En otros no hay afectación. Creo que son conscientes de que la colaboración es la mejor herramienta entre administraciones, y más en salud", ha apuntado.
El presidente de la Diputación rubricaba una resolución recogida por Europa Press en a que ordena "ejercitar las acciones judiciales oportunas frente al acuerdo de 16 de abril de 2024 del Consejo de Gobierno de Andalucía por el que se aprueba el I Plan Estratégico Andaluz para la Vigilancia y Control de Vectores Artrópodos con incidencia en salud (PEVA), así como frente al mencionado plan".
El mencionado documento autonómico tiene como objetivo "implantar medidas de vigilancia epidemiológica humana y vigilancia y gestión vectorial para la correcta prevención y control de enfermedades víricas, humanas y/o zoonosis, emergentes o reemergentes, transmitidas por vectores artrópodos en la Comunidad Autónoma de Andalucía, poniendo especial énfasis en la fiebre del Nilo occidental, Crimea-Congo, dengue, chikungunya, fiebre del Zika y otras cuya relevancia sea establecida".
Según se argumenta en dicha resolución de la Diputación, el Gobierno andaluz hace "recaer en las Administraciones locales, tanto a nivel de prevención como de control, el ejercicio de competencias y responsabilidades en la materia, todo ello sin análisis competencial previo ni consulta a los órganos que tienen encomendada esta función preceptivamente, ni previsión económica alguna sobre el incremento presupuestario que genera la asunción de competencias no previstas en la Ley.
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