Un pleno más, los informes que debió emitir la Intervención General de la Junta sobre las irregularidades en los procedimientos de transferencia de los fondos destinados a los expedientes de regulación de empleo (ERE) centraron el cruce de acusaciones entre socialistas y populares, que vieron frustrada su petición reprobar a los titulares de Empleo, Manuel Recio, y Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, por la mayoría del PSOE.
En esta ocasión, dos fueron los ejes de ataque de Arenas contra Griñán. En primer lugar, una pregunta trampa sobre si el Consejo de Gobierno abordó en alguna ocasión “este asunto”, refiriéndose a la administración de fondos al margen de la Ley. Griñán contestó con un rotundo: “No, en ningún caso, porque no hubo ningún informe de actuación de la Intervención General”.
La vuelta de tuerca estaba en que Arenas se refería a cuatro modificaciones presupuestarias de la partida 31.L, la conocida como “fondo de reptiles”, por valor de 17 millones de euros y que, como marca la Ley, tuvieron que refrendarse por el Consejo de Gobierno. Para los populares, aumentar esta partida conociendo que existía un procedimiento irregular involucra a todo el Gobierno andaluz, motivo por el que Arenas pidió directamente a Griñán que aceptara “la responsabilidad que no asumió en aquel momento y presente su dimisión”.
Griñán no sólo reconoció que el Gobierno aprobó estas modificaciones sino “todas” porque así lo marca la Ley, y que en ninguna de ellas hubo ninguna irregularidad, primero porque no existía ningún fondo de reptiles, cuyas partidas estaban aprobadas en los Presupuestos, en la Cuenta General y “no había ninguna irregularidad sobre ellas”.
“Hubo discrepancias en el procedimiento, pero no hubo ni una sola irregularidad”, insistía Griñán, mientras los socialistas, a través de su secretaria de Organización, Susana Díaz, se encargaban de recordar que “todas las modificaciones presupuestarias tienen que tener un informe favorable de la Intervención General”.
El segundo eje de ataque se centraba más en la responsabilidad directa del presidente cuando era consejero de Economía. Según Arenas, Griñán “se escuda” en la ausencia de un informe de actuación cuando “no lo hubo porque no exigió al IFA” que hiciera un informe de implantación, es decir, el que recogía las medidas correctoras y que era previo a cualquier informe de actuación.
La “pasividad” de la que hablaba la jueza Mercedes Alaya -que ha sido liberada por la Junta de Jueces de Sevilla durante seis meses para centrarse en los asuntos que actualmente instruye (Betis, Mercasevilla y ERE)- está en que Griñán “no exigió al IFA que cumpliese la Ley”, algo que puso de manifiesto la propia Intervención en informes sucesivos, entre los que el PP citó el de 2006, en el que refleja que este organismo “incumple la normativa específica que regula el envío periódico de información a la Intervención” y también “el sistema establecido de seguimiento de recomendaciones precedentes”.
“¿Esta es la razón por la que no le entrega las actas de los Consejos a la jueza”, le espetaba Arenas a Griñán. “Usted conoció los informes de la Intervención, llevó estos fondos al Consejo de Gobierno al menos cuatro veces para que se incrementaran, por lo que queda demostrado palmariamente que este asunto no termina en un director general sino que empezaba y terminaba en el Consejo de Gobierno con el señor Chaves y con usted”, señaló.
El presidente andaluz insistía en la inexistencia de un informe de actuación de la Intervención General con la que el Gobierno hubiera abordado una posible irregularidad. Hubo “informes contradictorios y no vinculantes”, se hicieron “alegaciones” pero nunca se elevaron como informe de intervención, repetía Griñán.
“¿Dónde está que se conocieran las irregularidades en el Consejo de Gobierno?”, le preguntaba a Arenas, mientras reiteraba que los informes de Intervención “nunca propusieron actuación” sino modificación de procedimientos al ente gestor, por lo que eran informes de tramitación.
Además, defendió la colaboración de la Junta con la Justicia más allá de las discrepancias que mantienen con la magistrada instructora, aunque reiteró que las actas que le serán remitidas serán “aquellas que vengan al caso” porque “queremos esclarecer” este asunto “al contrario que ustedes, que tapan lo que les afecta”.
Griñán le atacó utilizando la implicación del popular Juan Ignacio Zoido, entonces delegado del Gobierno de Andalucía, en la negociación del ERE de Minas de Riotinto, denunciado por alterar las vidas laborales. “Del espeluzno” han pasado a no dar explicaciones: “Como hay cargos del PP, a usted ya no le interesa”, decía el presidente andaluz.
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