Una organización criminal asentada en Sevilla que habría defraudado más de 100 millones de euros en la comercialización de hidrocarburos , vendidos por debajo del valor de mercado en todo el país al no declarar el IVA, ha sido desarticulada en una operación conjunta de la Agencia Tributaria y la Guardia Civil.
En la Operación Memorable hay 46 detenidos y 30 sociedades investigadas; además, ha conllevado el bloqueo de cien cuentas bancarias y la traba de 25 inmuebles, tres embarcaciones y seis vehículos de alta gama, ha informado este viernes en un comunicado la Guardia Civil.
El grupo vendía ingentes cantidades de producto a un precio inferior al de mercado en toda España y contaba con un empleado de banca que facilitaba la apertura de cuentas a nombre de testaferros para el desvío de los beneficios.
La investigación se inició en 2023 tras tener conocimiento de una serie de corporaciones del sector de hidrocarburos con domicilio social en Sevilla que, tras la correspondiente comercialización de hidrocarburos, estarían defraudando grandes cantidades de dinero como consecuencia de no liquidar el IVA correspondiente.
La información reportada por las declaraciones tributarias y la inteligencia obtenida del control de actividades sobre los principales sospechosos pusieron de manifiesto la existencia de una organización criminal, liderada por un clan familiar afincado en Sevilla.
Este clan, apoyado por el resto de integrantes del grupo, creaba entramados societarios para cada ejercicio fiscal, de los que se valían para cometer el fraude.
La organización se beneficiaba de los resquicios normativos que regulan la comercialización de los hidrocarburos, ya que constituían entramados societarios con testaferros, que actuaban en calidad de administradores de las empresas en cada uno de los ejercicios fiscales investigados, desde el 2019 al 2023.
Los entramados creados para perpetrar el fraude cambiaban constantemente y tenían una vida útil muy limitada, ya que no se extendían más allá de un año (un ejercicio fiscal).
Las estructuras societarias abarcaban casi la totalidad del territorio nacional, lo que permitía a la organización poder abastecer de hidrocarburos a pequeños comerciantes de diferentes puntos de la península. Las principales oficinas desde las que se gestionaban las ventas se encontraban en Barcelona y Jerez de la Frontera (Cádiz).
Otro pilar de la organización era un empleado de banca que habían captado para abrir cuentas bancarias a nombre de testaferros, desde las cuales se desviaban los beneficios obtenidos de la evasión fiscal, y también asesoraba sobre las posibilidades de financiación para evitar las alertas del sistema de prevención de blanqueo de capitales.
La actividad delictiva de la organización se incrementó exponencialmente durante los últimos meses de la investigación, ya que se acercaba la entrada en vigor del decreto de prohibición de ventas entre distribuidores de carburantes al por menor.
El procedimiento judicial continúa en fase de instrucción y queda pendiente parte de la cuantificación del fraude fiscal cometido que, por el momento, superaría los 100 millones de euros desde 2019. La operación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.
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