En rueda de prensa, López ha sido preguntado sobre si la Cámara de Cuentas había recibido la petición del Gobierno andaluz de que fiscalizara las partidas recogidas en los presupuestos de la comunidad en los últimos años dirigidas a la financiación de los ERE de empresas en crisis.
“No voy a hacer una valoración de algo que institucionalmente no ha llegado a la Cámara de Cuentas. Cuando esa petición llegue a través de la comisión correspondiente el pleno del órgano tomará los criterios que sean para asignar el trabajo y aplicar la rigurosidad y la profesionalidad como uno más”, ha subrayado.
Tras advertir de que el caso de las irregularidades de los ERE es “muy polémico”, el consejero mayor de la Cámara de Cuentas ha dicho que la actitud de esta institución es que si el Parlamento, a través de la comisión correspondiente, solicita realizar una investigación “sobre ese aspecto o sobre el que sea se aplicará el criterio de rigor y profesionalidad que hasta ahora está aplicando”.
“Se hará con los mismos criterios con los que se actúa en cualquiera de los informes que hay dentro del plan de actuación”, ha subrayado López.
López, que ha aclarado que la Cámara de Cuentas no actúa de oficio, ha recordado que el plan de actuación de este órgano para 2011 ya estaba presentado de forma que lo primero que va a hacer el nuevo equipo de la Cámara de Cuentas es “cumplir” con dicho plan, que se presentó en su momento en el Parlamento.
Preguntado sobre si los informes fiscalizados en los últimos años han detectado alguna irregularidad en las ayudas tramitadas por la Consejería de Empleo o la Agencia IDEA, López ha insistido en que no conoce que haya alguna irregularidad porque los informes se comunican al Parlamento, al ente fiscalizado y al Tribunal de Cuentas.
Según el consejero mayor, si el Tribunal de Cuentas observa alguna responsabilidad contable “de alcance” abriría un expediente concreto para ello, y podría pedir a la Cámara de Cuentas que sea el que se encargue de dicho expediente.
“A nosotros no nos consta que por esa razón haya habido ningún tipo de expediente ni haya hecho ningún informe específico para esto. Entre otras cosas porque la problemática de esta cuestión es muy específica. No me consta que se haya hecho en la Cámara de Cuentas una fiscalización específica de la Agencia IDEA”, ha dicho.
Por su parte, la portavoz del PP-A Rosario Soto ha reclamado a la Junta que entregue las actas de los consejos de Gobierno desde 2001 que ha pedido la jueza de Sevilla que investiga “la trama en torno a las presuntas irregularidades” en los ERE porque, como recoge la Ley del Gobierno andaluz, “no hay motivo alguno para que sean reservadas”.
Soto ha afirmado que “lo que debe hacer la Junta es colaborar con la Justicia y entregarle aquello que es preciso” para clarificar todos los hechos, y ha sostenido que el contenido de las actas del Consejo de Gobierno “no refleja ni las deliberaciones ni los votos individuales”, por lo que el Ejecutivo andaluz debe remitirlas a la jueza que las ha solicitado.
Mientras, el coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, ha dicho que al pedir las actas de los Consejos de Gobierno, posiblemente la jueza esté señalando “el lugar posible del delito y de la máxima responsabilidad política”, “acorrala” al Gobierno, que actúa “a la defensiva e incumple su promesa de colaborar” con la Justicia.
Por último, el portavoz parlamentario del PSOE-A, Mario Jiménez, ha dicho que “causa estupor y preocupación” ver como “toda” la información que envía la Junta de Andalucía al juzgado de Sevilla que investiga los ERE irregulares está “a los cinco minutos en los medios de comunicación”.
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