La consejera de la Presidencia, Mar Moreno, ha asegurado en rueda de prensa que los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía consideran imposible "levantar la reserva con carácter general e indiscriminado" de las actas de las reuniones de todos los gabinetes de los últimos años, como había solicitado la juez.
El Ejecutivo andaluz enviará al Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla un "requerimiento de incompetencia" acompañado de una oferta para enviarle todos los informes y acuerdos adoptados "sobre el caso".
El Gobierno regional no considera necesario aportar a la magistrada los acuerdos administrativos relacionados con otros asuntos y va proponer al juzgado la remisión de los documentos a través, no de las actas, sino de otras vías como certificados de los acuerdos del Consejo de Gobierno que estén relacionados con el asunto.
En el caso "improbable" de que la juez no lo acepte, el Gobierno de la Junta entenderá que "se entra en un conflicto de competencias", por lo que en esa hipótesis baraja denunciar el asunto ante el Tribunal de Conflictos de Jurisdicciones, dependiente del Tribunal Supremo (TS) .
"La juez y la Junta están montados en el mismo barco", ha sentenciado Moreno, que, sin embargo, ha explicado con anterioridad que la petición de la magistrada sobre las actas del Consejo de Gobierno afectan al ámbito competencial del Ejecutivo, cuyas competencias son "irrenunciables y deben ser defendidas en base a principios del derecho, la Constitución y la separación de poderes".
Según los servicios jurídicos de la Junta, la potestad de hacer públicas las actas es "exclusiva" del Ejecutivo andaluz y la solicitud de la juez es "inédita" en España y supone un "claro conflicto de poderes".
"La remisión de las actas de forma generaliza no es legal, va más allá de lo razonable y atenta contra la potestad y la ley del Gobierno de la Junta", ha esgrimido Moreno, quien ha pedido a la juez Mercedes Alaya que reconsidere la petición "generalizada".
La Junta, por tanto, está dispuesta a entregar certificados de todos los acuerdos e informes que solicite el juzgado relacionado con el caso "sin ningún tipo de límites", un aspecto que la portavoz ha recalcado al rechazar que se pretenda ocultar datos ni dilatar la investigación en el resto de procedimiento.
"Ofrecemos otra vía alternativa que no incumpla la ley del Gobierno si se levanta la reserva sobre las actas pedidas sin motivación y absolutamente discriminada", ha criticado.
Pese a las críticas, la portavoz ha dicho que no tiene "la menor desconfianza" en la juez que instruye el caso ni cree que haya una causa general contra la Junta, a la vez que ha destacado la "incuestionable" colaboración de la Junta con el juzgado, pero "respetando" la ley del Gobierno de la Junta.
Además, ha aclarado que la intención del Gobierno autonómico "no es convertir los procedimientos en ningún tipo de conflicto" con el juzgado número 6 porque "perseguimos los mismos objetivos, que es investigar y buscar a los culpables".
Preguntada por el hecho de que la Intervención de la Junta haya pedido siete veces que se comunicara a Griñán las irregularidades en el uso del dinero destinado a los ERE, como publica hoy El Mundo, la consejera ha respondido: "Lo relevante no es que haya uno, cinco o siete informes. Lo relevante es que ningún informe detectó un fraude como el que se estaba cometiendo. Quien quiso aprovecharse y saltarse los controles lo hizo".
Tras esta decisión, el presidente del PP-A, Javier Arenas, ha manifestado que “tapando y tapando no se recupera el prestigio”, apuntando que “no se ha colaborado desde el primer día de forma activa con la Justicia”. Asimismo, ha señalado que le gustaría “que se haga lo que proceda legalmente, en cualquier supuesto, pero que haya una sincera colaboración con la justicia”.
Por su parte, el coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, ha asegurado que el Gobierno andaluz ha demostrado que “no sólo quiere controlar al Parlamento, vetando la celebración de una comisión de investigación, sino también a la Justicia”.
Rajoy ve el fraude una burla y exige responsabilidades
El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha afirmado respecto a las presuntas irregularidades en los ERE financiados con fondos públicos en Andalucía que se ha producido “una burla al conjunto de los ciudadanos”, y ha exigido responsabilidades políticas.
Rajoy ha considerado “impropio de una democracia civilizada” lo ocurrido, y ha declarado que ello exige que “algunos, y lo harán, y si no al tiempo, asuman responsabilidades políticas”, así como “de todos un compromiso para que estas cosas no se vuelvan a repetir jamás”.
Durante la clausura del Comité Ejecutivo Local del PP de Marbella, el líder popular ha desligado las irregularidades de los ERE de la imagen de Andalucía, y ha opinado que “a quien hace daño es a los responsables políticos y a las personas que han provocado esa situación”.
Según Rajoy, Andalucía es una tierra con “gran futuro”, particularmente cuando cambie el Gobierno y haya al frente “gente seria”, y ha considerado “inaceptable” lo ocurrido.
Anticorrupción asume el caso
La Fiscalía Anticorrupción de Sevilla ha asumido la investigación de las supuestas irregularidades en los ERE, frente a la primera decisión de que se encargase del asunto el fiscal asignado al juzgado de instrucción 6.
Fuentes de la Fiscalía de Sevilla han dicho a Efe que la fiscal jefe ha decidido asignar el caso al fiscal delegado de la Fiscalía Anticorrupción en esta provincia, Juan Enrique Egocheaga, dado que las normas internas prevén dicha responsabilidad para casos de corrupción de elevada cuantía, como aparentemente ocurre con los ERE.
Egocheaga ya se encargaba del caso Mercasevilla, origen de las actuales diligencias y que investiga, en cuatro sumarios distintos, delitos de petición de comisiones, delitos societarios y la venta fraudulenta de los terrenos del mercado central.
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