Granada

IU pide un estudio para resolver el "conflicto" con los cañones antigranizo

Ante las denuncias de los agricultores del altiplano sobre el uso de estos dispositivos

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  • Granizo. -

IU ha presentado una moción en la Diputación de Granada para abordar la "preocupación creciente" sobre el uso de cañones sónicos o antigranizo ante las denuncias de los agricultores del altiplano sobre el uso de estos dispositivos que, según sostienen, disuelven tormentas y reducen las ansiadas lluvias en una zona ya afectada por la sequía.

Desde Izquierda Unida mantienen que la expansión de plantaciones hortofrutícolas intensivas en la provincia de Granada ha "generado inquietud" debido a la posible influencia de nuevas tecnologías, como los cañones sónicos, en el clima local. Vecinos y asociaciones locales han manifestado "su alarma ante los posibles efectos negativos sobre el clima y la fauna local, especialmente en Cúllar, comarca de Baza, donde se han instalado recientemente estos dispositivos".

Izquierda Unida destaca la preocupación por el impacto de los cañones antigranizo en la formación de borrascas y la reducción de lluvias, así como en el hábitat de diversas aves esteparias catalogadas como vulnerables. La formación ha mantenido reuniones con meteorólogos, organizaciones ecologistas y personas afectadas concluyendo la necesidad de obtener evidencias científicas sobre los efectos de estos dispositivos en el clima y la fauna.


Por ello, siendo la Diputación de Granada el ente supramunicipal que legalmente da cobertura a los municipios de menos de 20.000 habitantes, como es el caso, la formación de izquierdas la insta a que inicie conversaciones con la Universidad de Granada y la Aemet para convenir un estudio científico sobre los efectos de los cañones de ultrasonido en la disminución de chubascos y su impacto en la fauna local con la consecuente partida económica suficiente para financiar los trabajos del convenio.

Y, por otro lado, instar a las Confederaciones Hidrográficas del Segura y Guadalquivir, así como a otras administraciones competentes, a retirar o precintar los cañones instalados y a no autorizar nuevas instalaciones mientras se realizan los estudios pertinentes; esperando que dicha propuesta obtenga el voto favorable de la Corporación Provincial a fin de evitar daños futuros irreparables en la agricultura y el medio ambiente.

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