El consejero de Empleo, Manuel Recio, dijo a los periodistas en Córdoba que esta documentación remitida a la jueza es sobre “todos” los ERE que “estaban vivos” en la Junta en los últimos 10 años, que han sido “el objeto de la investigación”.
Recio se mostró convencido de que cuando la juez mire toda la documentación llegará a unas conclusiones “muy similares, sino iguales” a la de los funcionarios que la han elaborado, en relación a la discrepancia que mantienen ambas partes en cuanto al número de presuntos implicados.
Según Recio, la Consejería que dirige “siempre” ha puesto a disposición de la jueza toda la información que le ha solicitado “y lo seguirá haciendo” a la vez que ha dicho compartir con Alaya “la velocidad que quiere imprimir al proceso”.
“Es bien conocido que siempre he querido acelerar al máximo todo el conocimiento de la verdad de este proceso y coincido plenamente con la jueza en el objetivo y la velocidad que quiere darle al proceso”, indicó.
Sobre su decisión de publicar en su perfil de Facebook el resultado de la investigación interna de este caso, señaló que en esta red social “está la ciudadanía y yo me debo a ella” por lo que, a su juicio, está dando información en ese medio que “ofrece máxima transparencia y ninguna traba”.
Para recuperar el dinero pagado supuestamente de forma fraudulenta, Recio informó de que el primer paso es celebrar un trámite de audiencia sobre las personas de las que se tiene duda para que puedan alegar y, “si no se aclara”, la Junta “irá a recuperar ese dinero”.
Señaló que él “ofrece máxima colaboración” en un “problema que está delimitado al 1 por ciento de los expedientes que la Junta ha tramitado en los últimos 10 años” y considera que el nombre del Gobierno autonómico “no está en entredicho” porque cree que no se puede actuar “con mayor transparencia”.
Mientras, el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, afirmó que si la juez que instruye el caso del fraude de los ERE ha apreciado “en algún caso” falta de colaboración de la Junta de Andalucía “se subsanará inmediatamente”.
Griñán insistió en la que Junta de Andalucía ha tenido y tiene una “total colaboración” para esclarecer los casos de supuestas falsas jubilaciones, “desde el principio”, cuando el Gobierno andaluz denunció los hechos.
En este sentido apuntó que de hecho la Junta de Andalucía “incluso” ha creado “un dispositivo especial” de sus servicios jurídicos para mantener una relación “permanente, fluida y concreta” con el juzgado que investiga los hechos.
Por su parte, la consejera de la Presidencia, Mar Moreno, afirmó que la Junta no va a polemizar con la juez encargada de la investigación del caso de los ERE y que comparten el mismo objetivo de “perseguir a los culpables”, por lo que garantizó una actitud “abierta y de colaboración”.
Según dijo, el Gobierno andaluz no va “a comentar ni cuestionar” las apreciaciones de la magistrada y que quiere “colaborar y trabajar con el juzgado”.
Por su parte, el portavoz parlamentario del PSOE-A, Mario Jiménez, rechazó ayer por “absolutamente innecesaria” la celebración de un pleno extraordinario sobre las irregularidades en los ERE, como ha reclamado el PP, y aseguró que la Junta “está colaborando al cien por cien” con la juez que instruye esa causa.
En declaraciones a los periodistas en los pasillos de la Cámara andaluza, Jiménez afirmó que, una vez cerrada la investigación interna de la Junta sobre las presuntas irregularidades en los expedientes de regulación de empleo, el PP-A y su presidente, Javier Arenas, sólo pretenden “seguir con una cacería a cualquier precio”.
A su juicio, la petición por Arenas del pleno extraordinario está “dentro de la estrategia del PP seguir haciendo ruido y de convertir al Parlamento en un escaparate de sus planteamientos partidarios”, y con ella pretende “un nuevo exabrupto”, como ha dicho que hizo ayer al abandonar la reunión de la Junta de Portavoces, con lo cual “se disparó a los pies de una manera absolutamente burda y torpe”.
Arenas pide un pleno extraordinario y Valderas lo ve todo muy preocupante
Mientras, el presidente del PP-A, Javier Arenas, ha anunciado este jueves que su formación va a solicitar en las próximas horas la convocatoria urgente de un pleno extraordinario en el Parlamento andaluz para abordar las irregularidades detectadas en los expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la Junta y ha denunciado la existencia de una "segunda trama" para "impedir una investigación a fondo" sobre este asunto.
Arenas, que ha presentado en Sevilla la intervención del alcalde de Huelva, Pedro Rodríguez, en los desayunos del Fórum Europa, ha asegurado que existe una "segunda trama" alrededor de este asunto para "impedir una investigación judicial a fondo y una investigación parlamentaria que ofrezca transparencia", lo que, a su juicio, supondría "la mejor forma de contribuir al prestigio de Andalucía y de la política".
Por su parte, el coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, dijo ayer que los autos de la juez Mercedes Alaya, que investiga la trama de los presuntos ERE irregulares, han puesto de manifiesto que “el Gobierno andaluz no está colaborando con la Justicia”, lo que ha calificado como “muy preocupante”.
En declaraciones a los periodistas en el Parlamento, Valderas dijo que la magistrada -que acusa de “falta de colaboración” y “pasividad” a la Junta- no sólo “ha puesto de manifiesto que hay un Gobierno que no está colaborando” sino que lo ha hecho “con mucha claridad y dando un plazo de 48 horas para que toda la documentación esté en su despacho”.
En este sentido recordó que él ya dijo que la actuación de la magistrada era “casi una moción de censura al Gobierno en su comportamiento y en su negligencia”, y argumentó que lo que pone de manifiesto la juez al reclamar mayor información “es lo mismo que le ocurre a las fuerzas políticas”. “Seguimos sin recibir la documentación que pedimos hace un mes a la Consejería de Empleo mientras el consejero (Manuel Recio) hace de friki por ahí con su facebook”, dijo Valderas, que cuestionó su falta de decoro hacia el Parlamento.
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