En dos autos notificados ayer a las partes, la magistrada de instrucción 6 de Sevilla da a la Intervención General de la Junta un plazo de 48 horas para que entregue un centenar de documentos, entre ellos los presupuestos del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), programas de actuación, auditorías y cuentas anuales, además de pedir explicaciones sobre la actuación de las Consejerías de Empleo, Economía e Innovación ante los informes de la Intervención.
La jueza recoge en su auto que las transferencias de financiación que luego se destinaron a los ERE irregulares se realizaron “prescindiendo de forma absoluta del procedimiento administrativo previsto en la Ley de Hacienda Pública de Andalucía”.
Por ello, requiere a la Junta para que informe de las verdaderas razones para no haberlos emitido en el plazo de seis meses, como exige la normativa, máxime cuando la Intervención General alertó sobre ello.
Añade que la Junta debe justificar por qué dicha Intervención General “no requirió la emisión de los citados informes” y, en su caso, por qué no dio cuenta a las consejerías respectivas, más aún cuando en el caso se daban “las circunstancias que, por su importancia, podían ocasionar un importante menoscabo de fondos públicos”.
Intencionado incumplimiento
La magistrada apunta que la falta de dichos informes obligatorios refleja “un evidente e intencionado incumplimiento del Decreto 9/99”, teniendo en cuenta que el IFA (hoy agencia IDEA) “ha sido y es una empresa pública sometida a control financiero permanente de la Intervención General de la Junta de Andalucía”.
En este sentido, exige que en 48 horas se entregue diversa documentación relativa al IFA en los ejercicios 2001, 2002, 2003 y 2004, y a la Agencia IDEA de los años 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009, además de la relación de todos los cargos y jerarquías del ambos.
Concretamente pide los informes emitidos por la Intervención General (en su caso, el de actuación) y la documentación de los traslados de esos informe a los titulares de las consejerías de Innovación y de Economía, cargo que entre 2004 y 2009 ocupó el actual presidente de la Junta, José Antonio Griñán.
Al hilo de estos informes de la Intervención, pide que “se acredite la conformidad o disconformidad que las consejerías citadas hubieran mostrado al informe de actuación y confirmen si, finalmente, la actuación fue sometida al Consejo de Gobierno, y su resultado”.
Así, insta a que “se aclaren si las conclusiones, fundamentación jurídica y económica que se contienen con tanto detalle en los informes de cumplimiento, se reproducirían en los informes de actuación, ello a los efectos de discernir la diferencia sustancial entre un informe y otro, con independencia de los efectos legalmente previstos tras la emisión del informe de actuación, concretamente el pronunciamiento expreso de las consejerías y en su caso del Consejo de Gobierno, resultado que obligaría a abandonar la mera actitud pasiva de la Junta”.
Intrusos en los ERE
En otro auto también notificado ayer y fechado el 11 de marzo, la jueza Mercedes Alaya explica que sigue examinando la documentación aportada por la Junta sobre los intrusos en los ERE y la califica como “a todas luces incompleta e insuficiente”.
Además, expresa su sorpresa por el hecho de que la Junta señale que en la empresa Saldauto hay tres intrusos pero la documentación recibida recoge ocho, en Surcolor la Junta señala a dos falsos trabajadores pero en el ERE aparecían once y en Hytemasa la Junta solo incluye a una trabajadora irregular pero el atestado de la Policía recoge cuatro.
La jueza acuerda además solicitar el organigrama completo de las consejerías de Economía, de Innovación, Presidencia y de la Intervención General de la Junta, junto con las viceconsejerías respectivas, además de la jerarquía de cada departamento.
Además, acuerda unificar la causa abierta por los ERE de la Junta con la ya existente por irregularidades en los ERE de Mercasevilla, dado que ambas apuntan a “la presunta existencia de una trama que tendría por objeto la utilización fraudulenta de expedientes de regulación de empleo y planes de jubilación anticipada -e incluye la frase- con el indiciario conocimiento de la autoridad laboral”.
No obstante, dada la complejidad de la causa, la magistrada acuerda formar una pieza separada para cada una de las empresas con ERE fraudulentos, que ayer fueron cifradas en 24 por el consejero de Empleo, Manuel Recio.
Arenas dice que la magistrada confirma la trama
El presidente del PP-A, Javier Arenas, ha dicho que los autos de la jueza de instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, confirman la existencia de una “trama” en el caso de las ayudas públicas a los ERE, y que el presidente andaluz, José Antonio Griñán, “obstruye” la labor de la Justicia.
“Después de los autos de la jueza se confirma que estamos ante una trama y ante el mayor escándalo de los últimos treinta años de autonomía”, ha declarado el presidente del PP andaluz, quien ha acusado a Griñán de “obstruir” no solo la labor del Parlamento sino también de la Justicia.
Tras advertir de que el presidente de la Junta “se está riendo de todos los andaluces y del Estado de Derecho”, Arenas ha recordado que, hace unos días, el ex presidente de la Junta y vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, dijo que este asunto era “solo cuestión de cuatro o cinco”.
Según el dirigente popular, tras las palabras de Chaves, al que ha calificado como “rey de todos los abusos y la chapuza”, desde la Junta “ya se habla de casi 200 irregularidades”, después de una investigación realizada por la Junta de Andalucía “que carece de toda credibilidad”. “La investigación de la Junta no está dirigida a esclarecer los hechos sino a tapar las graves responsabilidades de Chaves y de Griñán”, ha subrayado.
Manos Limpias se persona en el caso y no tendrá que abonar fianza
Por otra parte, el sindicato Manos Limpias informó ayer de que la jueza que investiga los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) irregulares les ha permitido personarse sin necesidad de fianza y dijo que podría acusar al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, y a su antecesor Manuel Chaves como cómplices.
En rueda de prensa, el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernard, informó de que su primera actuación va a ser pedir este jueves a la jueza que requiera a la Junta la totalidad de los expedientes, pues sospecha que el retraso puede dar lugar a que se entreguen “mutilados”.
La Junta, a su juicio, se está mostrando “perezosa” a la hora de entregar la documentación a la juez y Manos Limpias teme que “pueda existir presuntamente una destrucción de pruebas para minimizar este escándalo”.
Bernard aseguró que la Junta “está tratando de blindarse” responsabilizando de los fraudes “a cuatro ‘pringaos’” y se ha personado en la causa “para cubrir las apariencias”.
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