La moratoria a nuevas licencias para viviendas turísticas en el casco antiguo anunciada por el alcalde de Cádiz, Bruno García, durante el Pleno sobre el estado de la ciudad este martes ha acaparado los titulares, pero los actores implicados en el debate sobre la turistificación y el sector del turismo han acogido la iniciativa con tibieza.
“Genera más preguntas que respuestas al problema”, apunta María Sánchez, portavoz de la plataforma Cádiz Resiste que reunió a unas 3.000 personas el pasado sábado en una manifestación que partió desde El Palillero para reclamar el control de este tipo de inmuebles.
“Vamos a ver, caballero ¿van a aplicar ahora la ordenanza aprobada en septiembre de 2022 con el voto en contra del PP?”, cuestiona al primer edil, remarcando que la modificación del PGOU en vigor ya condiciona la instalación de pisos turísticos en el casco antiguo.
“La declaración es insuficiente, no hay medidas robustas detrás”, agrega.
Antonio de María, presidente de la patronal Horeca, coincide en que el impacto de la medida es limitado, y considera que hay que barajar otras de mayor calado.
“Cuando surgen las viviendas turísticas, se habló de economía colaborativa, pero se ha demostrado que es un servicio que se presta mediante un precio, un servicio turístico, que debería tributar como cualquier otra actividad económica vinculada al turismo”, plantea.
El delegado territorial delegado en Cádiz de la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía (AVVA), Luis López, discrepa del razonamiento de De María. “Es un mito”, apunta sobre la fiscalidad.
“Una sociedad tributa entre un 20 y un 25%; algunos propietarios, entre un 35 y 40% porque lo declaran como incremento de renta”, explica.
López, que coincide con los representantes de Cádiz Resiste y Horeca en que la moratoria anunciada “no aporta nada nuevo”, también considera que hay que desmontar la creencia de que los pisos turísticos impiden el acceso a la vivienda o desplazan a los vecinos de sus barrios y reclama agilidad y rigurosidad en la elaboración del estudio sobre las tensiones por zonas.
En cualquier caso, lamenta que el equipo de Gobierno actúe sin atender a las propuestas del sector. El portavoz de AVVA en Cádiz no ha sido recibido por el primer edil. Sí se ha reunido con la delegada de Turismo, Beatriz Gandullo, y el coordinador del Área de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Cossi. Pero los encuentros no han sido fructíferos.
“Trabajamos durante dos años, con el equipo de Gobierno anterior y tratamos de hacerlo con el actual, para la implantación de un sello de calidad en las viviendas turísticas, denominado We Respect, que garantiza la sostenibilidad ambiental, la calidad turística y el respeto vecinal con servicios como un teléfono 24 horas de mediación entre vecinos y propietarios financiado por Airbnb existente en otras grandes ciudades”, relata. Sin embargo, Gandullo y Cossi dieron carpetazo a la iniciativa. “No es el momento adecuado, dijeron”, asegura López.
Además, afea que el discurso del alcalde ponga en el punto de mira a quienes ejercen la actividad con todos sus parabienes, aunque remarque que se perseguirán los inmuebles ilegales con sanciones.
El representante de AVVA remarca que, quienes cuentan con licencia y las empresas, “pequeñas, de Cádiz”, que las gestionan “estamos en contra del uso especulativo de los pisos turísticos como, por ejemplo, el de aquellos que tienen un uso de nueve meses para estudiantes y solo el verano para uso vacacional.
Entre otras razones, añade, porque “esta práctica favorece la actividad ilegal, dado que la Administración no tiene tiempo material ni recursos para detectar el fraude”.
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