Izquierda Unida elevará al pleno ordinario del próximo viernes una moción instando al equipo de gobierno a “poner en marcha una Mesa de Trabajo de regulación de los pisos turísticos en El Puerto, en la que se cuente con todos los agentes sociales implicados y los grupos políticos que conforman la corporación municipal”, así lo anuncia su portavoz municipal y coordinador local, José Luis Bueno.
Para el portavoz de IU, “la proliferación descontrolada de estos alquileres vacacionales está teniendo una incidencia negativa directa en nuestros vecinos y vecinas que se están viendo abocados a dejar sus viviendas o irse a otras ciudades para asentarse y desarrollar sus proyectos de vida, sobre todo los y las más jóvenes” y prosigue “ la realidad es que es prácticamente imposible hacer frente a un alquiler en El Puerto, ya que el precio medio mensual ronda casi los 700€, y eso si se tiene la suerte de encontrar una vivienda que se alquile para larga duración, ya que la gran mayoría se dedica a un alquiler por temporadas, lo que supone que esas viviendas estén cerradas durante la gran parte del año”.
“El vaciado de nuestro centro histórico y el cierre de sus negocios, por ejemplo, es una consecuencia directa del incremento masivo de estos pisos turísticos”, apunta Bueno.
“Ante esta situación cada vez más insostenible, estamos viendo cómo los y las vecinas de ciudades de nuestro entorno se están organizando para defender sus barrios. El ejemplo más claro es Cádiz donde, tras las últimas movilizaciones masivas, han conseguido que el Partido Popular tome medidas como la suspensión inmediata de nuevas licencias a este tipo de alojamientos en su centro histórico, aunque está medida aún se queda corta” y prosigue “esto hace que no entendamos que Beardo, sin embargo, quiera seguir fomentando este negocio voraz que está matando, poco a poco, nuestra ciudad”, dice Bueno.
Para Izquierda Unida, “se puede y se debe actuar ya, antes de que el problema termine haciéndose demasiado grande”.
Por ello también instarán al gobierno de Beardo a acogerse al Decreto de la Junta de Andalucía que “permite a los ayuntamientos establecer limitaciones en su planeamiento urbanístico para frenar la proliferación de los pisos turísticos e instarán al equipo de gobierno a destinar los recursos municipales necesarios, tanto económicos como humanos, para realizar un registro de los pisos turísticos tanto legales como ilegales con el fin de controlar y limitar el desarrollo de este tipo de alojamientos”, concluye.
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