Y hacer historia con Riotinto es difícil y vislumbrar una solución futura, más. Aunque no hay que retrotraerse al casi colonialismo que vivió la comarca hasta los setenta, parte del problema sí que está en la fórmula de las primeras explotaciones mineras, en la venta de suelo, subsuelo, aire, agua... a Inglaterra y que aún consta en el título de propiedad que pueden comprobar en el Museo de la ciudad. Aquella titularidad otorgaba al poseedor todos los derechos pero la Ley de Minas y la propia jurisprudencia ponen en duda que los yacimientos mineros sean propiedad de un particular, sino que son públicos y por tanto es la Administración la que tiene que autorizar su explotación. Los derechos, una de las incógnitas de esta complicada ecuación minera.
Tras la marcha de los ingleses, Minas de Riotinto siguió su actividad, con muy buenos resultados, hasta que se conjugaron dos factores: la caída brutal del precio del cobre y el paso de la sociedad laboral a sociedad anónima. En toda historia empresarial hay decisiones complicadas y con consecuencias muy directas. En este caso, provocó una profunda fractura en la sociedad de la cuenca que aún perdura: la directiva intentando seguir el proyecto sin mucho acierto; los trabajadores divididos entre los que buscaban empleo y los que preferían la ayuda pública (el expediente de regulación de empleo también se merece un capítulo propio en esta historia); una Administración que prefirió la paz social a cualquier otra opción; y unas deudas vivas que más de uno (Seguridad Social, trabajadores, IFA, Ayuntamientos, Mancomunidad, Diputación, proveedores, empresarios...) ha dejado de soñar que cobrarán. La segunda incógnita, quien pone el dinero.
Y de esos polvos vienen esos lodos. Aunque sería en marzo de 2004 cuando se constituyera oficialmente la Comisión Liquidadora de Minas de Riotinto SA, la histórica MRT acumula tal cantidad de denuncias, procedimientos administrativos y judiciales, suspensiones de pagos, reconocimientos de deuda, embargos, subastas y recursos (algunos incluso de finales de los 80) que separar la paja del grano es harto complicado y con más culpables y víctimas de lo que el simplismo del que ve mina abierta-mina cerrada se puede imaginar.
Aún a riesgo de caer en el síndrome tartésico -es la fascinación que provocan esas minas, que hace que cualquiera se autoconvenza de que es capaz de sacar cobre y de hacerlo como nadie- habría que delimitar qué es lo que importa en esta historia, los actores y sus responsabilidades.
En primer lugar, la liquidación de Minas de Riotinto SA, la subasta que cuarteó los terrenos y la venta de parte de sus propiedades (incluida la unidad industrial a la que se adscribe la actividad minera) pone sobre la mesa un escenario muy distinto al de los años 80 y 90. Nadie puede reabrir la mina sin conjugar a todos los actores, cada uno con sus propios intereses, cuestionables pero, al fin y al cabo, legítimos. Las propiedades se compran y se venden, se adquieren a precio de mercado o a precio de subasta, y se traspasan según las expectativas de negocio. Sólo se expropian si hay un interés general, justificado con un proyecto de futuro y viable en sus aspectos técnicos, económico, social y medioambiental. Lo dice la Administración y es el interesado el que tiene que justificar que cumple todos los requisitos. Y todo este, requiere dinero.
Pero Riotinto no es sólo la propiedad, también es el derecho. Desde que la antigua dirección de la SAL (la sociedad laboral de MRT) intentara retomar el proyecto a través de Mantesur (la ingente cantidad de denuncias y contradenuncias de Carlos Estévez y su equipo también dan para un libro), con Shorthom Limited, con March Rich y con Emed Tartessus, se repite una misma incógnita: quien es el titular del derecho minero. Será el Tribunal Supremo el que determine si la Junta tiene razón al no autorizar la cesión a Mantesur porque no tuvo el visto bueno de la Administración autonómica o si prevalece aquel título de propiedad original que daba al poseedor todos los derechos, incluidos los del aire (algo poco ajustado al derecho constitucional español).
En cualquier caso, la Administración sí se ha pronunciado sobre este aspecto: en este momento, es la Comisión Liquidadora, como defensora de los intereses de la extinta MRT, quien ostenta los derechos mineros para explotar Riotinto y es este órgano el que tiene que decidir si se traspasa o no a Emed Tartessus. Sólo hay que conseguir un acuerdo en pleno, por mayoría simple, cuatro de sus seis miembros. La empresa tiene que negociar y la Comisión aceptar, son ambas las que tienen que alcanzar un acuerdo y, como todo en esta vida, sólo hay que saber alcanzarlo.
La famosa carta de no oposición, aunque jurídicamente hasta el despacho de abogados que representa a Emed Tartessus cuestione que sea necesaria, es la condición que ha puesto la Administración para autorizar la actividad minera y hay que cumplirla. Culpables, como siempre ocurre con todo lo que rodea a Minas de Riotinto, hay muchos y de muchos colores.
El tercer aspecto y no por ello menos importante, es el proyecto en sí. Aunque Emed Tartessus nunca ha contestado a los requerimientos de información por parte de este medio de comunicación, es la propia Dirección General de Industria, Energía y Minas la que ha declarado en varias ocasiones que existen aspectos técnicos que impedirían aprobar la reapertura de la mina, que sólo ha conseguido el visto bueno de la Consejería de Cultura, y desde la Junta insisten de forma casi mecánica en que sólo respaldarán un proyecto viable en los aspectos técnico, económico, social y medioambiental, además de generar valor añadido en la comarca.
Es la empresa la que tiene que demostrar esa solvencia y desde que en 2007 Emed se hiciera con la unidad industrial, tras cotizar en Londres y Toronto, aún no ha conseguido convencer a la Administración que debe autorizar su actividad extractiva.
Y en medio de tanto conflicto de intereses, procedimientos judiciales y administrativos cruzados, está el empleo, 1.200 puestos de trabajo entre directos e indirectos, en una comarca acuciada por el paro y que ve en la mina su sueño laboral. Emed ha dado de plazo un mes a su plantilla (actualmente posee unos 40 trabajadores) para comenzar los despidos si la Junta no acelera la transmisión de los derechos mineros, mientras la Administración insiste en que es la empresa la que tiene que cumplir con los requisitos legales. El órdago de Emed sólo ha provocado un encierro en el túnel 14 del mítico Pozo Alfredo.
Vertidos y balsas de estériles
Si ya de por si es complicado hablar de los derechos mineros en Riotinto, más complicado es el tema de las balsas de estériles, donde se depositan los residuos de la antigua actividad minera, ubicadas en tres propiedades de tres dueños diferentes, y aunque la Junta de Andalucía les ha requerido a los copropietarios un aval de 180 millones de euros por la responsabilidad en su cuidado y su mantenimiento, el acuerdo no parece ser posible.
En primer lugar, los propietarios de los terrenos colindantes a la unidad industrial, que posee Emed Tartessus, esgrimen el propio documento de venta de Minas de Riotinto para situar la responsabilidad de su cuidado y mantenimiento en la empresa anglo-chipriota, apoyados en la Ley de Minas, que establece como inherentes al propio derecho de explotación todas las obligaciones legales, incluidas las medioambientales.
El cruce de denuncias por el nulo mantenimiento de las instalaciones que evitarían un desastre ambiental con las balsas de estériles y la responsabilidad ante vertidos al río Tintillo, que vierte en el Odiel, han sido constantes e incluso han llegado a los juzgados, con un procedimiento abierto contra Emed por el vertido de cuatro millones de metros cúbicos de aguas ácidas en el invierno pasado y la apertura de un expediente sancionador por parte de la Agencia Andaluza del Agua.
Aunque será la Administración y, en su caso, la justicia, la que determine la responsabilidad de estos vertidos, el anuncio de la empresa de que en un mes abandonará el proyecto, abre una nueva incógnita sobre el futuro mantenimiento de estas balsas y sus consecuencias medioambientales.
Una actividad minera judicializada y sin visos de solución próxima
El capítulo judicial de Minas de Riotinto es tan diverso como complicado y tiene tantos protagonistas que es difícil saber si finalizaría con la reapertura de la mina, sea porque Emed Tartessus consiguiera por fin sacar adelante el proyecto, o porque otros inversores (que al parecer los hay) apostaran por presentar una nueva iniciativa empresarial que consiguiera el respaldo de la Administración regional.
Aunque el más importante está ahora en manos del Tribunal Supremo, que determinará si el derecho minero es inherente a la propiedad de Minas de Riotinto o es de titularidad pública y por tanto es la Administración la que autoriza su explotación, no hay que obviar que los antiguos gestores de MRT acumulan tal cantidad de procedimientos y denuncias -unas sobreseídas, otras en recurso, algunas nuevas- que suponen un importante impedimento a la hora de abordar con distancia la solución del proyecto. Culpable o no, Carlos Estévez sigue teniendo tal protagonismo que no hay ni una sola reunión de Emed en la que no se le cite.
Otro tanto ocurre con la Comisión Liquidadora, en la que tiene voz pero no voto el propio Estévez, y que es la piedra angular para la solución del conflicto. Es la que debe decidir si acepta o no que Emed Tartessus se queda con los derechos mineros, pero empresa y Comisión acumulan demandas cruzadas desde hace tiempo, a las que se suman las que los propios trabajadores interpusieron contra este órgano por no presentar las cuentas de liquidación.
Además de las denuncias por vertidos y las responsabilidades por el cuidado y mantenimiento de las balsas de estériles, hay un sin fin de afectados por la propia liquidación de Minas de Riotinto que están o han estado en los juzgados: la Seguridad Social (Emed llegó a un acuerdo para abonar los 19,6 millones de deuda de MRT cuyo pago quedaría en el aire si finalmente abandona el proyecto); los antiguos acreedores (24 millones de deuda); los propios trabajadores (se les deben 12 millones); IFA (9 millones); Hacienda (7 millones); y al ICO (6 millones), deudas que permanecen vivas hoy en día.
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