El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Órgiva (Granada) ha dado traslado al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de la causa sobre los empadronamientos presuntamente irregulares en Lanjarón al figurar entre los imputados Carmen Reyes, parlamentaria andaluza del PP. El TSJA deberá pedir ahora un informe a la Fiscalía antes de decidir si asume la causa (en el caso de la aforada o de todos los imputados) o no la admite a trámite, según fuentes del alto tribunal andaluz.
“Este asunto es completamente irrelevante dentro de la gravedad que pueda tener cualquier tipo de falta de respeto a la legalidad” como el asunto de los ERE, señaló en rueda de prensa la dirigente del PP, que recordó que el PSOE tiene en Andalucía “70 imputados en las listas”.
Tras advertir de que su partido exigirá siempre el mayor respeto a la legalidad y aclarar que no va “a tapar a nadie”, Oña advirtió de que dependiendo de que se hable de un caso o de otro “hay magnitudes, tamaños y dimensiones”, pero que quien esté salpicada por un escándalo de corrupción debe dar explicaciones, depurar su conducta y demostrar que es completamente limpia.
Ante este caso, la consejera de la Presidencia, Mar Moreno, dijo ayer que el PP “tendrán que dar cuenta y explicaciones de por qué un cargo público que cuenta con su confianza y su apoyo está implicado en un caso de fraude”.
“El PP debería tomar su propia medicina”, recalcó Moreno, que cree que los populares “tienen la ocasión de demostrar cómo reaccionan ante las irregularidades que afectan a su partido” y deberían aplicar “la exigencia exagerada y casi teatral que realiza cuando un asunto afecta a los demás”.
Moreno señaló que “la ciudadanía a estas alturas sabe que problemas relacionados con la ley, la corrupción y con el aprovechamiento de fondos públicos los puede tener cualquier partido” y resaltó que “lo que es diferente es la reacción que se produce ante los problemas”.
En este sentido, consideró que “a un Gobierno se le tiene que exigir una reacción para repeler, descubrir y castigar a los culpables de cualquier irregularidad” y que la Junta “ha demostrado ser un gobierno transparente, con una iniciativa indudable, denunciando, destapando y colaborando al máximo con la Justicia, por ejemplo en el caso de los ERE”.
Por su parte, el coordinador general de IU, Diego Valderas, pidió al PP que actúe con “el mayor nivel de firmeza” ante este caso porque se trata de un asunto “muy grave” de imputación por “corrupción electoral”.
“La corrupción no sólo se da cuando alguien mete la mano en la caja del pueblo o en la caja ajena, sino que también se da cuando alguien comete elementos de clara ilegalidad electoral”, advirtió Valderas, quien reconoció que no espera que el PP sea capaz de actuar con el “mismo rigor” que demanda ante otros casos.
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