De nada sirvió el recurso de la Fiscalía ni las declaraciones de destacados miembros del Gobierno, con el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, a la cabeza --que fueron calificadas de presiones de “intolerables injerencias” del Ejecutivo en el poder Judicial--, el nuevo CGPJ mantuvo la sanción impuesta al juez Tirado, titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla, por el anterior Consejo: 1.500 euros de multa por dejar sin ejecutar durante más de dos años una sentencia contra el presunto asesino de Mari Luz, Santiago del Valle, lo que permitió al pederasta estar en la calle cuando la pequeña fue asesinada.
Según señaló en rueda de prensa la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, la decisión de mantener la sanción al juez Tirado fue respaldada por la totalidad de los vocales de extracción judicial con la única excepción de Félix Azón, ponente de la propuesta, que defendió la imposición de una suspensión de dos meses. Otros cinco discrepantes, que no proceden de la Carrera Judicial, se posicionaron a favor de imponer a Tirado seis meses de suspensión -lo que conllevaría su traslado forzoso-, mientras que la vocal Concepción Espejel, de extracción judicial y designada a propuesta del PP, pidió que se le quitara incluso la multa al no apreciar infracción en su conducta.
Durante su comparecencia Bravo aseguró que se trata de una decisión “legal y sujeta a derecho” y negó que sea una resolución de carácter “corporativo”. La portavoz del CGPJ reveló que el debate se centró en si la conducta de Tirado podía calificarse de desatención grave o de retraso justificado. La mayoría del CGPJ, un total de 14 vocales, se decantó por lo segundo y, en consecuencia, se considero que se trataba de una desatención de carácter leve.
Tras conocer la decisión, la Fiscalía General del Estado anuncio que recurrirá la sanción ante el Tribunal Supremo al entender que los hechos eran constitutivos de una falta muy grave por lo que reclama para Tirado una suspensión de tres años.
Por su parte, el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, anunció ayer que el Gobierno enviará al Parlamento una reforma del régimen disciplinario de los jueces para evitar que se repitan más casos como el de Tirado. Bermejo añadió que el Gobierno “no está en absoluto de acuerdo” con la decisión del CGPJ de mantener la multa, “que nos parece enormemente escasa” y subrayó que está “plenamente de acuerdo” con los vocales que han disentido de la misma.
Además, apoyó la decisión de la Fiscalía de recurrir ante el Supremo para que la conducta del juez de Sevilla sea calificada como una falta “muy grave” al estimar que se produjo “una desatención continuada en el tiempo” respecto de la ejecutoria de la sentencia y no un simple olvido puntual.
La reforma del régimen disciplinario de los jueces, que exige “reiteración” en la conducta para considerarla muy grave e imponer una sanción que no sea sólo económica, ha sido reclamada desde diversos sectores, especialmente tras el ‘caso Mari Luz’.
Una vergüenza nacional
“Un grave error judicial y una vergüenza nacional”. Así calificó el padre de Mari Luz la decisión del CGPJ. Juan José Cortés aseguró que una de las “grandes decepciones” de su vida fue “perder a Mari Luz de esa manera, y otra que la justicia no actuara correctamente y que no hiciera su cometido” contra la persona culpable, y añadió que la tercera decepción es “esta sanción que es un fracaso”.
Por contra, las asociaciones de jueces se mostraron satisfechas con la decisión del CGPJ, especialmente tras las “presiones” recibidas para incrementar la sanción de Tirado. Así el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Antonio García, aplaudió que el CGPJ “no se haya dejado influir por presiones” de los políticos y de la opinión pública y destacó que su decisión es “la jurídicamente correcta”. En esta misma línea, el portavoz de Jueces para la Democracia, Ángel Jimeno, destacó que el CGPJ ha actuado con “libertad” y pidió que de una vez por todas el caso se dé “por terminado”.
Más críticos se mostraron los secretarios judiciales que, a través su Colegio Nacional de Secretarios Judiciales, destacaron que mantener la sanción al juez Tirado demuestra que la suspensión por dos años impuesta a la secretaria del Juzgado de lo Penal 1 de Sevilla, Juana Gálvez, es una sanción “claramente desproporcionada”.
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