Este encuentro se produce en el marco de la coordinación de la participación de las comunidades españolas en el Consejo de Medio Ambiente que ejerce la Junta de Andalucía durante todo el primer semestre de este año. Dicha coordinación se centra en impulsar los procesos de distribución de información relativa a los temas en debate, asistir a los grupos de trabajo del Consejo, proponer y consensuar una posición común de todas las CCAA para trasladar al Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino y llevarla a las reuniones del Consejo que tendrán lugar en Bruselas el próximo 14 de marzo y, posteriormente, en Luxemburgo el 17 de junio.
En el seno de esta reunión de Sevilla se tratarán temas como el cambio climático, en referencia a los resultados obtenidos en la Conferencia de Cancún y la preparación de la siguiente, COP 17, en Durban (Sudáfrica), y se debatirá acerca de la Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).
Otros asuntos que se van a abordar a lo largo del día de hoy serán la revisión de la Estrategia del Mercurio; la reforma de la Política Agraria Común (PAC) en relación con la biodiversidad, aguas y adaptación al cambio climático; la planificación de las estrategias para alcanzar una mayor eficiencia de recursos y la nueva política sobre liberación en el medio ambiente de organismos genéticamente modificados.
Tanto a los dos Consejos consultivos de política medioambiental para asuntos comunitarios que organiza el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, como a la reunión de los dos Consejos de Medio Ambiente de la Unión Europea que se celebrarán durante los meses de marzo y junio en Bruselas y Luxemburgo, el consejero de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo asistirá en representación de las Comunidades Autónomas.
El Consejo de la Unión Europea es, junto con el Parlamento europeo, colegislador de la normativa comunitaria y, por tanto, las decisiones que se adoptan en su seno, tanto legislativas como no legislativas, son de gran relevancia jurídica y estratégica.
Por su parte, las Comunidades Autónomas tienen atribuidas numerosas competencias directamente afectadas por la legislación, lo que ha provocado la necesidad de asegurar su participación en la voluntad estatal ante las instituciones comunitarias. Por ello, en 2004 se estableció esta vía de cooperación entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, con objeto de articular la participación de éstas en la elaboración de la posición española ante el Consejo de la UE. Hay que destacar que en otros países europeos descentralizados políticamente como Alemania y Bélgica han tenido lugar procesos similares.
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