El Ministerio de Trabajo y Economía Social, ante la preocupación por los 15 despidos producidos en la base militar de Morón, ha anunciado que va a tratar de interceder con las autoridades estadounidenses. Así lo ha hecho saber el subdelegado en Sevilla del Gobierno central, Francisco Toscano, quien ha incidido en que su compromiso es ejercer de “correa de transmisión” entre las administraciones para que se cumpla la normativa laboral a través del convenio bilateral existente.
Se ha llevado a cabo la segunda de las cinco jornadas de la huelga enmarcada en el despido de 15 personas en la base militar de Morón de la Frontera. Los manifestantes piden ante la subdelegación que el gobierno central interceda con el gobierno de Estados Unidos y que exija que KBR, multinacional norteamericana con beneficios por encima de los 7000 millones de dólares el año pasado, revoque los despidos.
Las mujeres, las grandes damnificadas
Gran parte del grueso de los despidos han sido a personal de cocina y limpieza, en un 60% mujeres, que suponen un 30% del total de la plantilla, lo que pone de relieve que han sido las mayores perjudicadas.
José Armando Rodríguez, presidente del comité de la base aérea de Morón, ha señalado que la empresa ha justificado los despidos por “causas productivas que ellos mismos entienden que no existen”, pero que aprovechan la ley para posteriormente “judicializar el tema”.
Rodríguez ha apuntado que desde el comité interpretan que “la subdelegación tiene que mediar para evitar que después de 400 despidos esto afecte a otras 15 personas”, porque “están aprovechando para hacer una sustitución progresiva de plantilla española por plantilla americana” desde 2010.
Dualidad en la plantilla
Una parte de la plantilla está sujeta a la legislación española en materia laboral y fiscal y otra son 75 norteamericanos que desde la empresa alegan que son puestos de personal de confianza, que requieren una autorización del gobierno de Estados Unidos para manejar información confidencial. Los trabajadores no entienden “que en una base como la de Morón hagan falta 75 puestos de personal de confianza”, ha declarado Rodríguez.
“En el tratado bilateral el gobierno español tiene que acometer mejoras para que se nos dé estabilidad a nosotros en cuanto a número de trabajadores de la base”, ha señalado Rodríguez, que ha establecido una comparación con las bases en Turquía, donde la ratio de trabajadores es de un americano por cada diez turcos, mientras que en Morón es uno por cada tres españoles, además de que “en Turquía, cada vez que hay un tema laboral, sea negociación colectiva o sea disminución de la plantilla por despido, siempre hay un representante del gobierno turco. El gobierno español no puede tolerar que decisiones como el despido de personas trabajadoras españolas no cuenten con su conocimiento y presencia”.
Los protestantes también han señalado la responsabilidad del Gobierno autonómico porque las dos bases de utilización conjunta están en Andalucía. “A nadie de la opinión pública se le ocurre imaginar que las bases estuvieran en Euskadi, en Cataluña o en Madrid”. Están en Andalucía, donde la mano de obra es más barata y “se puede tratar, por desgracia, peor a los trabajadores”.
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