El portavoz parlamentario del PSOE-A, Mario Jiménez, ha declarado a preguntas de los periodistas que “nadie puede acusar ni ha acusado a Fernández absolutamente de nada y si alguien lo hiciera lo haría en falso porque no existe ninguna circunstancia, ni documentación con la que acusarle por su actuación al frente de la Consejería” y “quien lo haga sin demostrarlo lo haría en falso”, ha señalado.
Según algunas informaciones periodísticas, la fecha de ingreso en la empresa González Byass de Fernández coincide con la de su nacimiento y el ERE al que se adhirió cuando era consejero andaluz de Empleo está “plagado de irregularidades”.
El portavoz parlamentario socialista ha opinado que lo que sí hay es una “acusación general” del PP, al que ha acusado de “querer pervertir” la presunción de inocencia. “En Andalucía, desde que Javier Arenas es presidente del PP, nadie del PSOE es inocente, lo que da idea de que sus principios democráticos están más cercanos a Blas Piñar”, ha asegurado.
Sobre los casos de Camas (Sevilla), donde tres militantes del PSOE ha causado baja por haber sido beneficiarios de pólizas de prejubilación supuestamente irregulares, ha indicado que la decisión responde al código ético del partido que ha resumido en la frase “el que la hace, la paga”.
La oposición ha pedido a la Junta que envíe las conclusiones de su investigación sobre los ERE al Parlamento, una petición que para Jiménez responde a su pretensión de hacer un “juicio político”.
Por contra, ha pedido al exdelegado del Gobierno en Andalucía y actual candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, que dé explicaciones sobre el ERE de Riotinto, y le ha instado a que si “se ha cometido alguna irregularidad asuma responsabilidades políticas y dimita”.
“El PP está podrido en su estructura más profunda como demuestra el caso Gürtel, que afecta a toda la espina dorsal de la dirección nacional, y del que Arenas no ha dado ninguna explicación, pese a las posibles implicaciones en Jerez de la Frontera”, denunció.
Mientras, el vicepresidente tercero, Manuel Chaves, ha reconocido que las irregularidades de los ERE de Andalucía han podido influir en los resultados de las encuestas que dan mayoría absoluta al PP, al tiempo que ha asegurado que no tuvo conocimiento del asunto de los ERE mientras era presidente de la Junta.
Sólo cuatro o cinco
En una entrevista en Los desayunos de TVE, recogida por Efe, ha señalado que de momento sólo hay “cuatro o cinco” personas del PSOE implicadas en los ERE andaluces y ha avanzado que el partido ya ha adoptado medidas para expulsarles.
En relación a las encuestas, Chaves ha restado importancia a los resultados, ha recordado que queda mucho tiempo y ha subrayado que el PP carece de credibilidad y no provoca entusiasmo, y que la gente adopta una posición de “resignación” ante los populares.
Sobre el hecho de que el PSOE de Andalucía se niegue a abrir una comisión de investigación, Chaves ha señalado que tiene dudas de que una comisión de investigación “sirva para algo” y ha reiterado que el tema está “donde tiene que estar, en manos de la Justicia”.
Además, ha señalado que no hay ningún consejero implicado y, en cuanto a altos cargos, “sólo un ex director general”.
Chaves ha insistido en que cuando apareció la primera irregularidad “quien puso todos los datos en conocimiento del fiscal fue la Junta de Andalucía”, que ahora -ha dicho- colabora con la Justicia, haciendo una investigación interna y entregando todos los ERE en los que ha participado. El ministro de Política Territorial ha reiterado que si alguien ha cometido un delito o ha metido la mano que “la justicia caiga sobre él, sea quien sea”.
Los ERE y el ‘caso Gürtel’ enfrentan a PSOE y PP
Las irregularidades detectadas en los expedientes de regulación de empleo (ERE) financiados por la Junta y el caso Gürtel han servido al PSOE y PP para protagonizar un duro enfrentamiento dialéctico en el Parlamento andaluz donde se acusaron de “corruptos y fascistas”.
La agria confrontación dialéctica se produjo en una comparecencia del consejero de Economía, Innovación y Ciencia, Antonio Ávila, que expuso el balance de las políticas de apoyo de la Junta a empresas durante el 2010, alocución que quedó en un segundo plano tras las intervenciones de los portavoces de la oposición.
La portavoz del PP-A, Esperanza Oña, acusó al consejero de “silenciar el fraude” de los ERE para, a continuación, elevar el tono y afirmar que la “corrupción está instalada” en el Gobierno andaluz, que tiene “enorme responsabilidad en todo lo que sucede”.
Además de achacar las irregularidades a la “crisis y degeneración” de la ética del PSOE, Oña ha advertido que el “mayor escándalo no está en los ERE sino en las ayudas a las empresas” y ha aseverado que la Consejería de Empleo es el “centro de la corrupción política”.
Antonio Núñez, del PSOE-A, que tampoco ahorró descalificaciones, ha acusado al PP y a sus “palmeros mediáticos” de querer convertir el Parlamento en un “circo”, para recordar que el PSOE no tiene “ni un candidato delincuente ni ningún dirigente en libertad bajo fianza”, en referencia a Francisco Camps y Jaume Matas.
“Usted, señora Oña, lanza sospechas infundadas e incurre en un principio fascista, tener que demostrar la inocencia”.
Las acusaciones piden un año de cárcel y multa para el ex delegado de Empleo
El PP, el PA y la Fundación Mercasevilla han pedido condenas de un año de cárcel, trece de inhabilitación y multas que totalizan hasta 3,6 millones de euros para cada uno de los cuatro acusados de pedir comisiones en Mercasevilla, entre ellos el ex delegado de Empleo de la Junta Antonio Rivas.
En sendos escritos de acusación facilitados a Efe, las tres acusaciones particulares incluyen entre los imputados a Rivas, a diferencia del PSOE, que solo acusa a Fernando Mellet, ex gerente de Mercasevilla, y a su adjunto Daniel Ponce, para quienes pide dos años de cárcel y multa de 18.000 euros.
Las cuatro acusaciones explican en su relato de los hechos que en noviembre de 2008 el SAE concedió una subvención excepcional de 900.000 euros para abrir una Escuela de Hostelería en Mercasevilla, para lo cual los acusados se reunieron en distintas ocasiones con empresarios del Grupo La Raza de hostelería.
En dichos encuentros les pidieron, como condición para ser adjudicatarios, entregar 300.000 euros “como comisión para abonar a la Junta de Andalucía” y otros 150.000 euros para la acometida eléctrica, pese a que la subvención oficial era para el total de las obras de acondicionamiento.
Recogen las acusaciones que los procesados comentaron a sus interlocutores que “en la Junta de Andalucía era normal reclamar este tipo de contribución”, que la Junta “colabora con quienes a su vez colaboran con ella” y que el dinero debían entregarlo en un maletín “que dejarían olvidado en un despacho para que alguien enviado al efecto lo recogiese”.
Excepto el PSOE, las demás acusaciones incluyen entre los imputados a la funcionaria Regla Pereira, directora de proyectos de la Fundación Mercasevilla, y a Antonio Rivas, ex delegado de Empleo en Sevilla que el domingo anunció su baja del PSOE y cuya agrupación local de Camas (Sevilla) se ha visto salpicada por tres casos de prejubilaciones irregulares.
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