CCOO ha cifrado este lunes en alrededor de 3.000 el número de personas migrantes que residen en asentamientos chabolistas en la provincia de Huelva y ha demandado una solución urgente a las administraciones para acabar con la realidad en la que malviven.
La petición se produce después de que este domingo se registrara un nuevo incendio en uno de ellos, en Lucena del Puerto, donde una treintena de viviendas resultaron calcinadas y más de medio centenar de personas desalojadas.
Julia Perea, secretaria general de CCOO Huelva, ha criticado, a través de un comunicado, "la frágil situación" en la que se encuentran los asentamientos chabolistas y ha reclamado "a las diferentes administraciones una solución urgente para los asentamientos chabolistas que se encuentran en nuestra provincia".
Ha solicitado específicamente a la Junta de Andalucía "un plan para erradicar estos asentamientos y una resolución digna para las personas que sobreviven allí sin recursos, sin acceso al agua potable y en unas condiciones indignas".
José Miguel Pino, responsable de migraciones de CCOO Huelva, ha recordado que "ya son muchos los incendios que hemos tenido que lamentar en nuestra provincia, por lo que existe una necesidad urgente que debe ser acometida" y que pasa también por "el arreglo de los alrededores y los caminos de acceso a los asentamientos, que suelen plantear dificultades a los servicios de emergencias sanitarias y de incendio y que, en caso de incendios u otras catástrofes, es de vital importancia para evitar un mal mayor".
CCOO ha recordado la ayuda que aportó la Agenda 2030 con la cantidad de 1,8 millones de euros, los cuales se destinaron a los proyectos que presentaron en Moguer y Lepe, para buscar una salida habitacional para las personas que viven en los asentamientos de sus respectivas localidades, sin embargo, dicha subvención ha sido tumbada por el Tribunal Supremo, ralentizándose todo el procedimiento volviendo al punto de partida del proyecto.
"Debemos seguir insistiendo al Gobierno de España para que atienda la petición elaborada por CCOO, con respecto a otorgar una regularización extraordinaria de estas personas en el sector agrario", ha indicado Perea.
El sindicato ha recordado que "más del 60% de las personas que viven en los asentamientos están en situación irregular y mientras esto no se arregle seguirán viviendo en condiciones inhumanas".
En este sentido, han demandado al Gobierno que "autorice la regularización solicitada por CCOO, Asaja y Freshuelva para el sector agrario, ya que ambas patronales se ha comprometido en lanzar los precontratos necesarios para este proceso extraordinario" que podría beneficiar a más de 1.500 personas.
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