El primer ministro de Papúa Nueva Guinea, James Marape, redujo a 670 la estimación de personas que quedaron enterradas durante una avalancha que sepultó a un remoto poblado hace más de una semana.
Esta nueva cifra, que difiere de los 2.000 enterrados que Marape y su Gobierno habían advertido de manera inicial, coincide con los datos manejados previamente por Naciones Unidas.
En un comunicado, Marape, que el viernes visitó la zona del desastre tras siete días de complicadas operaciones de emergencia, expresó sus condolencias a las víctimas que estimó en 670 enterrados y 7.800 desplazados, sin explicar la variación en los números.
"Expresé mi más sentido pésame por las personas que perdieron la vida en el desastre", apuntó el primer ministro, quien admitió que viajo "tarde" a la región de la tragedia, en un comunicado publicado la noche del viernes por su oficina.
Este sábado, un portavoz de la oficina de Marape indicó a EFE en una serie de mensajes de texto que esta cifra revisada proviene del Centro Nacional para Desastres y del Ministerio de Defensa papuano.
"Los funcionarios de (centro para) desastres han estado en el lugar (de la tragedia) durante una semana y esta es la cifra actualizada hasta ayer", apuntó escuetamente el portavoz.
En la madrugada del 24 de mayo, una enorme lengua de tierra y rocas, algunas del tamaño de un vehículo, sepultó bajo una capa de entre seis y ocho metros de altura decenas de edificios de la población de Yambali, en la montañosa provincia de Enga, mientras sus habitantes dormían.
Sin embargo, tras más de una semana de complicados y laboriosos trabajos, limitados por las difíciles condiciones sobre el terreno y aspectos culturales del país, solo se han recuperado diez cadáveres, conforme a los últimos datos dados por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de la ONU, con equipos desplazados a la zona de la tragedia.
Papúa Nueva Guinea es un país rico en recursos naturales que tiene a una gran parte de los más de nueve millones de habitantes en extrema pobreza y se encuentran aislados por problemas de comunicaciones y déficit de infraestructura, especialmente en áreas remotas, donde faltan servicios básicos de salud y educación.
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