Fuentes consultadas por este diario aseguraron que la situación de riesgo de accidente, que ya fuera denunciada en verano del pasado año, se mantiene y que, incluso se ha incrementado. El conflicto, que nace de la ausencia de un protocolo aéreo con Gibraltar por razones soberanistas, fue denunciado en primer lugar por el jefe de Supervisión del área sur de la Península, Juan Carlos Fontecha.
En una notificación interna, especificó que el aumento del tráfico aéreo había incrementado las situaciones conflictivas en la zona, y que se consideraba “no ya una situación de amenaza o riesgo potencial, sino peligrosa”. Tras conocerse dicha notificación, Juan Carlos Fontecha fue expedientado. Pero el protocolo siguió sin firmarse.
Otras voces se alzaron posteriormente, como la del director de Calidad, Seguridad y Certificación de AENA, Juan Carlos Cózar, que indicó que “la falta de procedimientos estandarizados y acuerdos con el aeropuerto de Gibraltar implica que la seguridad de las operaciones sea difícil de garantizar”.
A estas notificaciones se unió una denuncia que la Asociación de Profesionales del Control de Tráfico Aéreo (Aprocta) trasladó en las mismas fechas a un juzgado algecireño y que, a su misma vez, recaló en el Juzgado de Instrucción número 7 de Sevilla, que la admitió a trámite.
En dicha denuncia se pedía que se contemplara la situación de seguridad área en el Estrecho como “un delito de imprevisión, imprudencia o impericia en el tráfico aéreo”, al tiempo que se pedía la testificación de seis cargos de AESA.
La situación de esta denuncia, en la actualidad, es, según denunciaron fuentes de Aprocta a este diario “de secuestro judicial”. “La denuncia fue devuelta a un juzgado de Algeciras, donde se encuentra actualmente, sin que tengamos ninguna información”, aseguran.
Los controladores lamentan que la situación de crispación y militarización del servicio surgida tras el conflicto del pasado mes de diciembre ha derivado en un silencio que perjudica a dicha seguridad.
Pese a todo, esas medidas de presión sirvieron para que la ausencia de un sistema de acuerdo con el aeropuerto de Gibraltar se paliara. Así, el 2 de agosto del pasado año se firmó una Carta de Acuerdo para establecer un sistema coordinado de seguridad aérea.
Según las fuentes consultadas por este diario, “el problema es que ese documento no viene refrendado por el Ministerio y, como no se reconoce la soberanía, el aeropuerto de Gibraltar sigue teniendo vuelos que no se controlan”.
Helipuerto
El elemento que terminó de añadir inseguridad a este escenario fue la puesta en funcionamiento, el pasado mes de agosto, del helipuerto de Algeciras, cuyas operaciones se realizan dentro del ámbito aéreo del aeropuerto de Gibraltar, una circunstancia que añadía más peligro al conflicto.
También aquí, las voces que se alzaron quedaron silenciadas. El coordinador de seguridad de ATM rechazó en su día la forma en la que se iba a producir la puesta en marcha del helipuerto, exigiendo disponer de los estudios de seguridad adecuados. Al poco tiempo, Rayo fue cesado como responsable de seguridad en la región.
La situación con el helipuerto, según Rayo, “se ha mitigado” con la Carta de Acuerdo con el Peñón. Pero la situación sigue siendo peligrosa. Según señalaron controladores aéreos, “el piloto sale en visual, que deja la seguridad en manos del comandante y que es un indicar bajo”.
A ello se une el que, a pesar de la Carta de Acuerdo del pasado agosto, “la única comunicación con Gibraltar es un sistema de comunicación por voz. Esto podría ser asumible con poco tráfico, pero con el constante tráfico militar o las líneas de low cost es una temeridad”.
Además, al riesgo que representa la operatividad del helipuerto en la línea de actuación del aeropuerto de Gibraltar se une la propia descoordinación con la región sur de control aéreo de Aena.
“Hay serios problemas con los vuelos de Málaga”, aseguran a este diario desde el entorno de los controladores aéreos, que afirman que los incidentes se siguen produciendo, pero que ahora no existe notificación oficial de los mismos, sobre todo a raíz de la militarización del servicio.
El último incidente del que se tuvo constancia oficial se produjo el 7 de agosto, a las 17.24 horas, cuando un avión con destino a Gibraltar se cruzó en su trayectoria con un helicóptero. “Sabemos que se siguen produciendo incidentes, pero ahora no se notifican”, una situación que aumenta la sensación de inseguridad.
Exteriores
La sucesión de consultas tras las advertencias de inseguridad del pasado verano trajo una serie de manifestaciones oficiales sobre el conflicto. La más sorprendente es la que formuló el director general de Relaciones Económicas Internacionales y Asuntos Energéticos del Ministerio de Asuntos Exteriores, Rafael Conde de Saro, quien aseguró que “este ministerio ya comunicó en el pasado su preocupación por el hecho de que el helipuerto se ubicase en la prolongación hacia el oeste de la pista del aeródromo de Gibraltar”.
Sobre la petición de coordinación de maniobras realizada por Aviación Civil a Exteriores, Conde de Saro respondió que “queda determinada por el contencioso de Gibraltar y la jurisdicción sobre los espacios no cedidos por España en el Tratado de Utrecht, que impide todo acto y coordinación formales que implique reconocer un aeropuerto construido sobre un terreno español sin título legítimo alguno”.
Así, ahonda en que “en 2007, el Reino Unido ya pretendió la firma de un convenio con España para coordinar el uso del espacio aéreo español en la zona entre el CCTA de Sevilla y la Torre de Control de Gibraltar, siendo rechazado por España. Por su parte, Reino Unido no aceptó la propuesta de entendimiento informal”. Por ello, concluyó que “la coordinación entre el helipuerto de Algeciras y el aeródromo de Gibraltar no pueden protocolarizarse por el contencioso hispano-británico”.
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