El Gobierno andaluz ha decidido someter la contratación de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) al procedimiento de control financiero permanente, según acordó el Consejo de Gobierno en su reunión de 14 de mayo. Esta técnica de control interno del gasto también se aplicará a los centros de gasto periférico de este organismo.
La contratación de emergencia del SAS sumó 604,77 millones de euros en los ejercicios 2021 y 2022, según la Memoria de Contratación Pública de la Junta de Andalucía. De esos 604,77 millones, 453 millones fueron del ejercicio 2021 y 151,71, de 2022.
El control financiero permanente se traduce en afrontar cuatro modalidades de auditorías: de cumplimiento, financiera, operativa y de programas, según detalla el Texto Refundido de la Ley General de Hacienda Pública de Andalucía.
La alternativa al control financiero permanente es el control previo, que se ejecuta mediante la fiscalización previa, los informes previos de las modificaciones presupuestarias y la comprobación material del gasto.
Publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) el Acuerdo de Consejo de Gobierno dice sobre su entrada en vigor que "las medidas surtirán sus efectos de forma indefinida desde la fecha de su adopción por el Consejo de Gobierno, sin perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía".
La tramitación de emergencia, que el Estado propició bajo el paraguas de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) para afrontar las necesidades ocasionadas por la pandemia de coronavirus, tuvo un peso del 77,63% en 2021 y de un 30,76% en 2022 en el gasto de contratación del SAS, según la Memoria de Contratación.
Ese mismo informe muestra la relevancia del Servicio Andaluz de Salud en el gasto total de la Administración autonómica. En ese 2022 "formalizó el mayor número de contratos y comprometió el mayor gasto". Fueron 71.959 contratos y comprometió 2.661,14 millones.
La Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía describe el control financiero como "un control posterior" para comprobar que el funcionamiento de un organismo público, en el aspecto económico-financiero, "se ajusta al ordenamiento jurídico y a los principios de legalidad, eficacia, eficiencia, economía y buena gestión financiera".
De los cuatro procedimientos que integran el control financiero permanente, la auditoría de cumplimiento verifica que los actos, operaciones y procedimientos de gestión han sido conforme a las normas, disposiciones y directrices de aplicación.
La auditoría financiera evalúa que "la contabilidad y las cuentas anuales, estados y demás informes de gestión expresan fielmente la situación patrimonial y el resultado de la gestión de acuerdo a normas y principios contables de aplicación".
En el caso de la auditoría operativa comprobará que "los procedimientos aplicados aseguran de manera razonable el cumplimiento de la normativa aplicable y la consecución de la eficacia, eficiencia y economía en la gestión de los recursos públicos".
La auditoría de programas es verificar que "los sistemas y procedimientos de seguimiento de objetivos aseguran una adecuada calidad en los informes sobre consecución de objetivos, así como del cumplimiento de los objetivos asignados a los centros gestores del gasto".
La Ley de Hacienda Pública de Andalucía establece el control financiero permanente para las agencias de régimen especial (Servicio Andaluz de Empleo), agencias públicas empresariales (TRADE o RTVA), las sociedades mercantiles del sector público andaluz (Cetursa Sierra Nevada), los consorcios y otras entidades, así como las personas beneficiarias de subvenciones, los ingresos del Presupuesto, además de los órganos, servicios o gastos de las Consejerías y agencias administrativas cuando así se establezca por el Consejo de Gobierno, que es el último supuesto donde se enmarca establecer la contratación de urgencia del SAS a control financiero permanente.
Comisión de investigación del PSOE
La contratación de emergencia ha sido objeto de una gran controversia política por las críticas del PSOE hacia el Gobierno andaluz, plasmadas en reclamar la creación de una comisión de investigación al respecto en el Parlamento de Andalucía sobre la contratación del SAS y agencias públicas empresariales entre 2020 y 2023, desechada por la mayoría absoluta del PP-A.
El acuerdo de Consejo de Gobierno incluye también para el control financiero permanente de todas las consejerías y agencias administrativas los gastos de indemnizaciones por razón del servicio que se establecen en el Decreto 54/1989, como son los casos de desplazamientos, comisiones de servicio, traslados de residencia o asistencia a tribunales de oposiciones.
De igual forma se contempla las indemnizaciones por gastos de vivienda y alojamiento de los altos cargos, que se regulan en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 31 de octubre de 2000, así como los expedientes de gasto de la Renta Mínima de Inserción Social (RMISA), que concede la Consejería de Inclusión Social.
Hay otros 44 apartados que pasan a ser objeto de esa modalidad de control por la Intervención General de la Junta.
Diez actividades de desarrollo ejecutivo
De la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional se someten 10 apartados a control financiero permanente. Son los casos de los expedientes de gasto de las subvenciones para entidades públicas, asociaciones de alumnos y de padres y madres en la convocatoria para el curso escolar 2011/2012; para ayudas por desplazamiento al alumnado; los gastos del personal docente, con excepción de las tablas retributivas de contenido económico que constituyen la plasmación de los conceptos retributivos; expedientes de gasto de becas y ayudas para cursar estudios reglados postobligatorios no universitarios, así comola Beca 6000; gastos de inversión previstos en la Orden de 11 de mayo de 2006 para centros docentes públicos de educación secundaria, de enseñanzas de régimen especial, a excepción de los conservatorios elementales de Música, y residencias escolares, dependientes de la citada Consejería.
También estarán sujetos a control financiero permanente los expedientes de gasto de los salarios del profesorado de los centros concertados como pago delegado y resto de gastos de funcionamiento de los centros; los expedientes del programa de gratuidad de libros de texto de la enseñanza obligatoria en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía sostenidos con fondos públicos; los expedientes de gasto de la convocatoria para el curso 2022/2023 del cheque escolar de Andalucía.
A control financiero permanente se someterán también ayudas de la Consejería de Fomento, como las de alquiler de vivienda habitual a personas en situación de especial vulnerabilidad; los expedientes de gasto de las ayudas para minimizar el impacto económico y social del Covid-19 en los alquileres de la vivienda habitual; los expedientes de gasto de las ayudas a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables, y a las administraciones y entidades sin ánimo de lucro que faciliten una solución habitacional a dichas personas; las actuaciones del Programa de Adecuación Funcional Básica de Viviendas del Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020.
Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es
