(Publicado el 20 de febrero de 2011 en los periódicos del Grupo Publicaciones del Sur, Información y Viva)
El ex director general de Minas de Riotinto (MRT) considera que no hubo ninguna ilegalidad en el expediente de regulación de empleo de 2003 que afectó a casi 500 trabajadores en la Cuenca minera onubense y que el aumento de los coeficientes reductores era habitual en minería y pone como ejemplos a Almagrera (también en la Cuenca) o a Boliden. Eso sí, reconoce que el Pozo Alfredo, el único subterráneo, estaba cerrado desde 1987 y no desde 2001 como aparece en el expediente.
—¿Qué cargo ocupaba usted en MRT cuando se negociaron los diferentes expedientes de regulación de empleo que afectaron a Minas de Riotinto?
—-Era director general de MRT.
—¿Qué papel tuvo en la negociación de los expedientes?
—Lógicamente, como director general participé activamente en la negociación junto con la dirección administrativa y la asesoría jurídica.
—¿Quién negoció ese expediente?
—Se negoció entre los sindicatos y la empresa, y los sindicatos negociaban paralelamente con las administraciones autonómica y central.
—¿Detectó usted alguna irregularidad?
—No se trata de hablar de irregularidades, había dos concepciones enfrentadas. Por un lado, la empresa ofrecía una solución puente que fue abortada por la Seguridad Social dependiente del Gobierno Central y por el poco interés de las otras partes en esa solución. Y por otro lado, sindicatos y Administración autonómica que querían cerrar para siempre las minas. Los sindicatos exigían una solución no traumática sin un solo trabajador dejado sin amparo, y sindicatos y Junta acordaron la siguiente solución con el visto bueno de Madrid, que los trabajadores de más de 65 años de edad compensada se iban directamente a jubilación; los que más de 52 años de edad compensada iban a prejubilación a través de las correspondientes pólizas pagadas por la Junta; y a los de menos de 52 años de edad compensada se les ofrecía o bien una indemnización y el paro o bien su entrada en una bolsa de trabajo que la Junta se comprometía a mantener activa hasta que encontraran un trabajo fijo.
—¿Dónde está la irregularidad?
—Para que el número de trabajadores con menos de 52 años de edad compensada fuera el menor posible se decidió aumentar al máximo los coeficientes reductores propios de la actividad minera por los procedimientos que ya son de dominio público. Pero lo que se hizo y que ha montado tanto escándalo es usual en todos los expedientes de empresas mineras en crisis y nada diferente a lo que se ha hecho en la minería del carbón, en las minas de hierro de Granada o en las otras minas de la Faja Pirítica como Almagrera, Boliden o Filón Sur. Que se hable sólo de Riotinto me parece extraño, en todos los demás se hizo igual y no se dice nada. Y más extraño me parece que nadie diga que las vidas laborales deben de ser aprobadas por la Administración central, sin su consentimiento las soluciones arbitradas no son viables.
—¿Quién firmó esos documentos?
—No lo sé, desde luego la empresa no. Y no los firmamos porque no podíamos aceptar, sin incurrir en graves responsabilidades como gestores, que la mina subterránea Pozo Alfredo había estado en funcionamiento hasta el año 2001 cuando en realidad había cesado en su actividad en 1987 y así constaba en los archivos de la Dirección General de Minas de la Junta. Yo sabía que la negativa nos iba a enajenar la enemiga de sindicatos y Junta, como así ha sido, pero convalidar esa actividad inexistente era contrario a cualquier principio de buena práctica. Pero en esas responsabilidades que afectaban a los gestores no creo que hayan incurrido ni administraciones ni sindicatos
—¿Existen pruebas de una posible falsificación de las vidas laborales?
—Insisto en que en todas las reestructuraciones mineras se llevan al máximo los coeficientes reductores para reducir el efecto traumático del cierre. Esa maximización hay que entenderla en el contexto de una reducción del impacto social que genera el cierre de la actividad minera. Las administraciones y los sindicatos en este país siempre prefieren cerrar la actividad y garantizar la paz social antes que asumir riesgos apoyando los proyectos empresariales, por eso hemos perdido gran parte de nuestro tejido industrial.
—¿De cuántos trabajadores estamos hablando?
—Hablo de memoria pero creo que el expediente total de MRT eran unos 500 trabajadores en total.
—¿Por qué no se denunció antes ante la Justicia?
—Yo, personalmente, creo que no hay nada denunciable ante la Justicia.
—¿Qué perjuicio económico calcula que pudo haber para el erario público?
—Tampoco es fácil determinar el perjuicio causado al erario público pues, de una forma u otra, habrían tenido que ayudar al personal afectado, que de lo contrario habría caído en la indigencia. Otra cosa es que cuando los precios del cobre repuntan a partir del invierno del 2003, sólo unos meses después de cerrados los expedientes, la Junta no adoptara las medidas para favorecer la reapertura de la actividad, lo que hubiera permitido recolocar a muchos de los afectados rebajando sustancialmente el coste del cierre. Ese sí me parece un error grave aunque la culpa de la Junta está mitigada por la postura intransigente de la Seguridad Social que se negaba a favorecer cualquier salida que no fuera la liquidación y de CCOO, que prefería la seguridad del subsidio de sus afiliados a la reactivación económica de la Comarca.
—¿Y esto cómo afecta a la realidad actual?
—De esos polvos tenemos estos lodos. Siete años de inactividad son demasiados para las instalaciones, máxime si no están gestionadas de forma experta y, más que experta, conocedora de las sutilezas de Riotinto. Las presas no están bien, las instalaciones tampoco, los activos se han desmembrado como consecuencia de la incapacidad financiera de los distintos y sucesivos dueños, la propia Emed perdió la propiedad de los pantanos de Odiel y Campofrío imprescindibles para la actividad minera porque no tuvo dinero para pujar suficiente y no veo de dónde puede conseguir el agua fresca imprescindible. Es otra de las medias verdades informadas por Emed a los mercados, insiste mucho en los terrenos, que es verdad, pero yo también estaría preocupado por las aguas. El gran lastre de Riotinto y que lo mantiene cerrado a pesar de los precios actuales del cobre es que se convirtió en un problema político y que siempre ha sido imposible poner a todas las partes de acuerdo para consolidar un reinicio de la actividad productiva tan beneficiosa para toda la comarca. Pero sin escuchar, sin ceder y sin negociar los arreglos son imposibles y muy posiblemente nos estemos acercando al límite técnico de las instalaciones y todo el mundo debe saber que Riotinto no justifica la viabilidad de unas nuevas instalaciones. Si las instalaciones actuales se jubilan, la mina de Riotinto cerrará para siempre, pero también lo cerraría otro fiasco como el que protagonizaría Emed si al final la Junta cede y confía en su solvencia técnica y económica inexistente. Todos debemos buscar una solución viable y segura, que no puede ser Emed, y estoy seguro de que existe.
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