El Juzgado de Instrucción 3 de Granada ha archivado la causa abierta por una presunta trama para captar a jugadores extranjeros, algunos de ellos menores, con la promesa de convertirlos en futbolistas de élite desde el Cubillas FC de Albolote (Granada), deportistas que pagaban una manutención y viviendas al club.
El archivo de la causa, al que ha tenido acceso EFE, se ha acordado a petición de la Fiscalía y del abogado de la presidenta y la secretaria del club, el penalista José Félix Fernández.
La Policía Nacional desarrolló en 2023 las operaciones Gol y Alevines y detuvo entonces a once personas, además de otras dos investigadas, como presuntos miembros de organizaciones delictivas.
Las dos operaciones estudiaron el club-escuela Cubillas de Albolote ante la posibilidad de que funcionara como una trama para captar a una treintena de jóvenes extranjeros, de entre 16 y 23 años y la mayoría brasileños, que pagaban por alojase en dos viviendas alquiladas por el club deportivo.
Según la denuncia presentadas por dos jugadores y que originó la causa ahora archivada, el club utilizaba a un intermediario para captar a extranjeros con posibilidades económicas y habilidades en el fútbol, que pagaban al club para jugar en categorías menores y ser después fichados por otros equipos.
Ese dinero era el destinado a la vivienda y manutención de los jugadores, algunos menores de edad, que debían estudiar castellano y tener permiso de residencia para poder jugar competiciones oficiales.
El archivo de la causa se sustenta en que de los extranjeros que coincidieron en el club durante la denuncia, una veintena, sólo dos han prestado declaración judicial, y uno de ellos ha recalcado que no reclama nada, mientras que el otro mantiene sentirse engañado por la falta de estudios.
La defensa del club presentó los documentos de su matrícula en la escuela de idiomas a la que el denunciante, mayor de edad, no acudió, y la denegación de la autorización de estancia por estudios en el país, que recurrió el Cubillas.
Fernández ha apuntado además que no están detalladas las condiciones de manutención y alojamiento, por lo que no existiría ni un delito de estafa y el caso se relegaría a la jurisdiccional civil.
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