Andalucía

Pizarro rechaza que la gestión la manchen cuatro sinvergüenzas

Defiende la labor de los ex titulares de Empleo Gutiérrez, Fernández y Viera. Éste último admite un fallo de confianza con Guerrero

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  • Pizarro en el 112 -
El consejero de Gobernación y Justicia, Luis Pizarro, defendió ayer la gestión “honesta y honrada” de los ex consejeros Guillermo Gutiérrez, José Antonio Viera y Antonio Fernández, ante la denuncia de supuestas ilegalidades en los ERE en Andalucía, y rechazó que “se manche por cuatro sinvergüenzas”.

Preguntado por los periodistas en rueda de prensa por este caso, por el que un juzgado de Sevilla investiga supuestas irregularidades en las ayudas de la Junta a los expedientes de regulación de empleo a empresas en crisis, Pizarro afirmó que no puede “cuestionarse la legalidad del procedimiento de aprobación” de los ERE “porque haya habido cuatro impresentables que se hayan beneficiado” de ello.

En alusión a los implicados, como el ex director de Trabajo de la Junta Javier Guerrero -expulsado del PSOE-, el político socialista dijo que “no hay derecho a que por cuatro sinvergüenzas, cinco o los que sean, que haya habido gestionando estos recursos, se manche un instrumento que ha sido fundamental estos años” para la economía andaluza y para “salvar muchísimas empresas y puestos de trabajo”.

Consideró “muy miserable que el PP esté cuestionando un instrumento como los ERE, que sabe que ha sostenido a un número muy importante de empresas y empleo” en Andalucía, “porque haya habido cuatro impresentables, o los que sean, que se hayan aprovechado personalmente de los resquicios” de un procedimiento que es “legal”.

Para Pizarro, el procedimiento de aprobación de los ERE está “demostrado” que es “absolutamente legal, está reglado, establecido y controlado, e incluidas las cifras (de ayudas) en los presupuestos”, por lo que es “muy lamentable y penoso que el PP ponga en cuestión su legalidad”.

Según Pizarro, los ex titulares de Trabajo Guillermo Gutiérrez, José Antonio Viera y Antonio Fernández han “gestionado esos recursos de manera honesta, honrada y responsable, con los instrumentos y herramientas que fueron dotados en su momento, y no puede estar en cuestión por cuatro impresentables, cinco o los que sean, lo que ha sido una gestión brillante” de esos antiguos consejeros de la Junta.

También valoró que el PSOE-A “ha hecho lo que tenía que hacer”, al dejar claro que “cualquiera que tenga un carné del PSOE, cargo chico, grande o medio, y haya estado metido aquí, va a salir por la puerta del partido y deja de ser militante de inmediato”.

“Esto es lo que tendría que haber hecho el PP en Valencia o Madrid, y no lo ha hecho, y aquí sí se le hincha el pecho a Javier Arenas -presidente del PP-A- pidiendo responsabilidades, pero no las pide en toda la corrupción que, de Norte a Sur y de Este a Oeste en España, hay instalada en el PP”, aseveró Pizarro.

Además de afirmar que fue la Consejería la que puso el caso Mercasevilla en manos de la Fiscalía y que el PP “miente” cuando dice que fue él, dijo que el PSOE-A está haciendo “lo que ha hecho siempre”, que si hay un militante o cargo público socialista implicado “en un caso de corrupción, en ese instante deja de serlo y que la Justicia dé cuenta de él, que es lo que ha hecho el Gobierno de la Junta”.

Estas declaraciones se producen el mismo día en que el secretario general de la Federación Alimentaria de la UGT en Jaén, Luis García de los Reyes, dimitía por la presunta implicación de su mujer en el caso de las supuestas irregularidades en algunos Expedientes de Regulación de Empleo, según confirmaba el secretario general de UGT-Jaén, Manuel Salazar.

Salazar, que se mostró sorprendido por la noticia en declaraciones a los periodistas, señaló que la UGT se personará en los procedimientos en los que aparezca algún miembro del sindicato.

Asimismo, insistió en que hay que “sacar a la luz a los cuatro sinvergüenzas que se hayan colado de forma indebida” en los ERE, ya que “están poniendo en cuestión” “un instrumento que ha sido muy beneficioso para los trabajadores de Andalucía y las empresas”.

En este sentido, dijo que “cualquier componente de la UGT que esté implicado y no pueda explicar las circunstancias por las cuales está en esta situación irregular va a ser expulsado”, tal y como señaló el jueves el secretario general de UGT-A, Manuel Pastrana.

Para el dirigente sindical jiennense, no es “plato de buen gusto” que aparezcan personas del sindicato implicados como es el caso de la mujer de García de los Reyes -que responde a las iniciales M. J. M. E, según algunos medios de comunicación - y que es trabajadora de la UGT.

Viera se desliga de la “trama” y admite un “fallo de confianza” con Guerrero

El secretario general del PSOE de Sevilla y ex consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico, José Antonio Viera, negó este viernes cualquier relación con la supuesta “trama” organizada para introducir prejubilaciones fraudulentas en expedientes de regulación de empleo al objeto del cobro ilegal de sus rentas. Viera atribuyó a un “fallo de confianza” las posibles irregularidades de Francisco Javier Guerrero al frente de la Dirección General de Trabajo y, a tal efecto, retó al presidente del PP andaluz, Javier Arenas a que “demuestre” sus acusaciones.

En una entrevista concedida a la cadena Ser y recogida por Europa Press, José Antonio Viera negó que cuando encabezaba la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico tuviese conocimiento alguno de esta presunta “trama” descubierta por la Policía Judicial, a cuenta de la investigación promovida por el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla en torno a los expedientes de regulación de empleo impulsados en 2003 y 2007 por el mercado central de abastos hispalense; Mercasevilla.

Hasta el momento, la investigación suma 12 detenciones y la Consejería de Empleo ha elevado al Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla un total de 37 nuevas posibles prejubilaciones fraudulentas, fruto de las incidencias descubiertas en los expedientes de regulación de empleo promovidos por las empresas ‘SOS Cuétara’, ‘Cash Lepe’, Calderinox, Bonpunt, Saldauto, Graficromo, Cydeplast, Smurfit, Hitemasa, Surcolor, Springer Arteferro y Germans.

Viera negó que la cúpula autonómica o el PSOE andaluz tuviesen conocimiento de los hechos investigados. “Si hubiéramos sabido algo, yo no debería estar aquí”, defendió el líder del PSOE sevillano, quien aseguró que “si yo tengo conocimiento de que alguien que trabaja conmigo está cometiendo un delito, tardaría 30 segundos en ponerle en la calle y denunciarle”.

La Fiscalía Superior exigirá todas las responsabilidades

El fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, respaldó ayer la actuación de la Fiscalía de Sevilla respecto a la investigación de supuestas irregularidades en varios expedientes de regulación de empleo, que consideró “correcta” y dijo que, en su momento, se exigirán “todas las responsabilidades”.

“El Ministerio Fiscal en su momento dirá lo que tenga que decir en aplicación estricta de la legalidad y exigiendo todas las responsabilidades que sean necesarias”, señaló el fiscal, quien apostilló que todo ello se producirá tanto si el procedimiento se mantiene “en el ámbito provincial” o bien “en otra instancia”.

Por su parte, la secretaria de Estado de Empleo, María Luz Rodríguez, aseguró ayer que los competentes a la hora de depurar responsabilidades por las supuestas irregularidades cometidas en los ERE en Andalucía son los jueces, a quien el Gobierno muestra su respeto más absoluto.

Mientras, el consejero de Empleo insistió en que la Junta tiene como objetivo recuperar “hasta el último céntimo que haya podido estar mal utilizado desde el punto de vista de las pólizas asociadas a los ERE”.

Por su lado, el presidente del PP, Mariano Rajoy, afirmó que espera que haya “responsabilidades políticas” y juzgados que tomen decisiones “a la mayor celeridad posible”, un caso que consideró que “no mancha a Andalucía, que está muy limpia”, y que es “una burla a todos los andaluces”.

Dijo que este asunto es “un drama” de “proporciones monumentales”, una “vergüenza” pues hay gente que “se ha apropiado” de dinero público para el empleo.

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