La consejera de Presidencia, Mar Moreno, fue ayer la encargada de anunciar que los resultados parciales de la investigación interna puesta en marcha por Empleo sobre los expedientes de regulación de empleo financiados por la Junta, desde 2001 hasta la actualidad han arrojado nuevas irregularidades.
En concreto, de los 30 expedientes analizados de los 45 que “quedan vivos”, se han detectado 37 nuevas irregularidades que corresponden a doce empresas distintas, todas ellas aprobadas con Guerrero al frente de la Dirección General del Trabajo, datos que se encuentran ya en poder de la jueza Alaya y a la que remitirán el resto de la documentación cuando finalice la investigación. El montante global de estos ERE “vivos” es de 132 millones de euros, en un 90% destinados a los afectados (6.096 trabajadores en total) y en un 10% a las empresas, entre ellas Astilleros de Huelva y Sevilla, Pickman o Santana.
Según Moreno, estas 37 irregularidades corresponden a personas que podrían estar percibiendo prejubilaciones indebidamente, puesto que aparecen en las pólizas pero no así en los documentos de los expedientes de regulación de empleo. Eludió aclarar el nombre de las empresas afectadas ni si estaban implicados ex altos cargos del PSOE como ha denunciado el PP, apuntando que la Junta ha remitido los datos “sin distingo ni excepción, afecte a quien afecte”, porque quiere que se persiga “a quien se ha aprovechado de lo público, caiga quien caiga”.
A pesar de que Moreno eludió en todo momento ofrecer datos nominales de los presuntos beneficiarios irregulares, fuentes del caso confirmaron ayer a Europa Press que el ex alcalde de El Pedroso Rafael Rosendo se encuentra entre ellos, destacando el dato de que Francisco Javier Guerrero fue alcalde de este mismo municipio entre 1995 y 1999.
La portavoz del Ejecutivo andaluz defendió la continuidad de las políticas de apoyo a empresas en crisis, negó que existiesen fondos ilegales y el procedimiento escogido de las transferencias al IFA (posteriormente IDEA) frente a otros métodos como la subvención excepcional o el encargo de ejecución.
En ese punto reconoció que “se puede discutir” el procedimiento, lo que no significa que sea “irregular e ilícito”, e informó de que la Intervención de Hacienda de la Junta realizó una auditoría aleatoria sobre 20 ERE, sin que se detectaran irregularidades de gestión, pero emitió un informe disconforme con este método en 2005 que, al no ser vinculante, no provocó ninguna modificación en el procedimiento hasta 2008.
Según manifestó, fue la Dirección General de Empleo la que decidió según criterios “técnico-políticos” mantener este procedimiento y encuadró dentro de la “normalidad de la gestión” que la competencia residiera en cada centro directivo, sin querer responsabilizar a ninguno de los dos ex consejeros de Empleo, Antonio Fernández y José Antonio Viera, de las decisiones adoptadas por Guerrero, al que sí situó Moreno como el “principal responsable de la tramitación de los ERE”.
Para la portavoz, los mecanismos de control no fallaron, “alguien se saltó los controles” y será la justicia, desde el punto de vista penal, la que castigue “a quien está detrás de cada abuso de lo público”, sentenció.
Según Moreno, la Junta pretende llegar al fondo del asunto y, además de remitir los resultados de la investigación interna al juzgado, pedirá a la Cámara de Cuentas que fiscalice los ERE tramitados desde 2001 hasta la actualidad y el consejero de Empleo, Manuel Recio, comparecerá en el Parlamento la próxima semana.
Mellet es puesto en libertad con cargos por estafa tras seis nuevas detenciones
Efectivos de la Brigada Provincial de Policía Judicial han detenido a siete personas, entre ellos el ex director de Mercasevilla, Fernando Mellet, en el marco de la investigación dirigida por el Juzgado de Instrucción número 6 sobre los expedientes de regulación de empleo (ERE) promovidos en 2003 y 2007 por el mercado central de abastos de Sevilla.
Las diligencias han revelado toda una “trama” destinada a la formalización de prejubilaciones fraudulentas en este tipo de procedimientos para el cobro indebido de sus rentas, toda vez que entre estos últimos detenidos figura el ex director general de la empresa Fernando Mellet, imputado en las tres líneas de investigación en curso, y dos mujeres identificadas como María de las Nieves Ruiz y Josefa Martínez Elvira.
Fuentes judiciales han informado a Europa Press de que, en concreto, la detención del ex director general de la sociedad mixta Mercasevilla Fernando Mellet fue consumada el lunes, quedando en libertad pero con cargos por un posible delito de estafa tras haber prestado declaración ante los investigadores de la Brigada Provincial de la Policía Judicial.
La defensa jurídica de Fernando Mellet ha confirmado que prestó declaración entre las 10,00 horas y las 13,00 horas de este lunes y que acudió “de forma voluntaria” a esta comparecencia “previa citación telefónica” el pasado 3 de febrero, negando así “cualquier tipo de actuación realizada en la madrugada o de forma involuntaria”.
Según su defensa, Mellet ha negado “de forma rotunda” su implicación en la inclusión de “hombres de paja” en los ERE de 2003 y 2007 de Mercasevilla, negando en concreto que fuese “conocedor” de la inclusión de Garrido Santoyo en las prejubilaciones del ERE de 2007 y del “intento” de introducir a Carmen Fontela González en el primero de los procedimientos.
Arenas les acusa de autorizar ayudas al margen de la ley
El líder del PP-A, Javier Arenas, acusó ayer al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, de autorizar que se haya manejado dinero público destinado a las ayudas a unos Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) que estaban “al margen de la legalidad”.
En un acto electoral en Écija (Sevilla), Arenas instó a Griñán a “que salga de su escondite” y explique a los andaluces “por qué se han manejado cientos de millones de euros en ERE al margen de la legalidad”, y recordó que el presidente de la Junta era antes el responsable de Economía del Gobierno andaluz.
“Griñán ha sido vicepresidente económico, luego a la fuerza tuvo que conocer este asunto y tuvo que autorizar estas malas prácticas en la Junta de Andalucía”, advirtió el presidente de los populares andaluces.
Tras insistir en que el Ejecutivo autonómico debe explicar “por qué han existido fondos importantísimos al margen de la legalidad administrativa y del control de la administración”, Javier Arenas reclamó a la Junta que aclare los criterios seguidos a la hora de elegir intermediarios y agencias de seguros.
Igualmente, pidió a la Junta que explique qué personas se han incorporado a los ERE que “no estaban en condiciones legales ni habían trabajado en las empresas a la que se han atribuido sus prejubilaciones”.
“Los ERE han sido gestionados con la colaboración de personas que no trabajan en la administración pero todos ellos están vinculados al PSOE”, señaló Arenas, quien pidió explicaciones sobre los criterios utilizados para tramitarlos.
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