Minera Los Frailes, la empresa adjudicataria de la mina de Aznalcóllar, ha salido al paso de las peticiones ecologistas que piden suspender su autorización ante los vertidos tóxicos al río Guadalquivir que conllevará asegurando que la depuradora “de última generación” y la nueva red de infraestructuras de agua, que elevará a 450 millones la inversión total, “resolverá definitivamente el problema generado por los pasivos ambientales heredados de la antigua operación minera”.
La compañía, a través de un comunicado, ha defendido que el proyecto será “un proyecto emblemático en la gestión ambiental y sostenible del agua en el sector de la minería”, que cuenta ya con el dictamen ambiental favorable y que las modificaciones incluidas incrementarán de 350 a 450 millones la inversión para incluir una “estación depuradora de agua de última generación, que se une a la promoción de una nueva red de infraestructuras para la gestión hídrica del proyecto. Con ello, resolverá definitivamente el problema generado por los pasivos ambientales heredados de la antigua operación minera”, aseguran.
El director de operaciones de Minera Los Frailes, Miguel Ángel González, defiende que, frente al problema ambiental histórico de Aznalcóllar por la actividad minera, su proyecto va a materializar “la solución real más completa y definitiva a todos los problemas ambientales existentes desde hace 26 años en el complejo minero abandonado”, siendo “respetuosa y compatible” con la calidad del agua del Guadalquivir y cumpliendo “rigurosamente con la normativa europea de calidad ambiental de aguas superficiale”, como demuestra la “larga” tramitación y el Informe de Admisibilidad de la Secretaría General del Agua de la Junta de Andalucía.
“Minera Los Frailes se ajusta a las nuevas exigencias de un riguroso proceso de tramitación ambiental que garantiza la seguridad y la sostenibilidad de sus operaciones”, aseguran, recordando que con la “obsoleta” planta de tratamiento de la Junta, “se hace necesaria la construcción de la nueva planta de última generación que asegure el cumplimiento de los parámetros químicos en niveles de calidad que cumplen satisfactoriamente los exigidos en la normativa actual”, proyecto que han llevado a cabo conjuntamente las andaluzas AYESA e INERCO, “junto a otras líderes mundiales del sector”. Según exponen, el “efluente íntegramente depurado con tecnología de última generación se trasladará mediante un emisario de 30 kilómetros hasta el Estuario del Guadalquivir que estará permanentemente monitorizado para asegurar la calidad del agua”, y contará con un Plan de Vigilancia independiente a la empresa, con control diario del agua.
“El proyecto cumple con los requisitos de minería moderna con reducción del impacto ambiental, desarrollo de una economía circular y compromiso con la comunidad del entorno, cumpliendo con el impulso de desarrollo sostenible y uso de las mejores técnicas disponibles”, insiste González, citando el “minado de interior que evita el impacto visual” y pensado “para generar la menor huella hídrica posible, valorizando el agua de pasivos para el consumo del proceso metalúrgico. “También se elimina la existencia de presas de lodo al aprovecharse éstos en el relleno de la mina interior y la restauración de la corta de Aznalcóllar”, añade.
En paralelo, continúan, “se está desarrollando el estudio de proyectos de economía circular como la extracción de metales del agua contaminada que genera el medio; y el desarrollo de suelos remediadores que permitan la restauración futura de toda el área impactada existente”, una restauración global presupuestada en 80 millones y que se desarrollará durante la vida útil de la mina, permitiendo “eliminar los costes de gestión de pasivos en el futuro”.
También han defendido que el proyecto generará 2.000 empleos a lo largo de su vida útil, estimado inicialmente en veinte años, y que incluirán un fondo de desarrollo de 30 millones para “generar empleo y economía más allá de las actividades vinculadas a la industria minera”.
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