Ecologistas en Acción y Greenpeace han exigido a la Junta de Andalucía que no se autorice el vertido de la mina de Aznalcóllar al estuario del Guadalquivir al considerar que "existen graves deficiencias en el análisis de sus consecuencias, que podrían conllevar fuertes impactos socioambientales".
Respondiendo a las declaraciones realizadas por los consejeros de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, y de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández Pacheco, sobre las supuestas garantías del vertido tóxico previsto para la reapertura de la Mina de los Frailes en Aznalcóllar, las asociaciones consideran que no existen garantías ni se conoce el contenido del Dictamen Ambiental y del Informe de Admisibilidad del vertido.
Según apuntan, el Dictamen Ambiental firmado el pasado 27 de octubre de 2023 por técnicos de la Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul en Sevilla, incluye un informe de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de admisibilidad del vertido de más de 85.000 millones de litros de aguas contaminadas al Estuario del Guadalquivir, mediante una tubería de 30 kilómetros, desde el recinto minero hasta un punto de vertido frente al estadio de la Cartuja en Sevilla, en zona de dominio público marítimo terrestre.
A pesar del proceso de depuración, la carga contaminante máxima acumulada durante los más de 18 años que se propone autorizar, descargaría en el Estuario del Guadalquivir cantidades totales muy elevadas de metales y metaloides potencialmente tóxicos como arsénico (2.709,12 kg), cadmio (677,28 Kg), cobre (5.577,60 Kg), cromo (717,12 kg) mercurio (23,90 kg), níquel (5.577,60 Kg), plomo (796,80 kg), selenio (796,80 kg) y zinc (26.294,40 kg), entre otros contaminantes mineros, señalan.
En ese tramo del río, hasta la desembocadura en Sanlúcar de Barrameda, se localizan las tomas de riego de las 36.000 hectáreas de arrozales y las zonas de cría de los alevines del caladero del Golfo de Cádiz, con lo que la contaminación por bioacumulación de metales pesados del pescado y mariscos capturados en esa zona podría ser significativa.
La empresa Minera Los Frailes no ha presentado estudio alguno sobre la acumulación y sedimentación de esos metales tóxicos en el lecho del Estuario. Además, la zona propuesta de vertido es la parte interior del Estuario del Guadalquivir, cuyos sedimentos ya se encuentran contaminados con metales con efectos eco-tóxicos, como recoge un estudio científico reciente, señalan.
Además, esta zona interna del Estuario se comporta como "fondo de saco" por lo que los contaminantes tienden a acumularse en sedimentos con fuerte adhesión al fondo, como también demuestran multitud de publicaciones científicas, añaden.
Este efecto "fondo de saco", unido a la existencia del "tapón salino" aguas abajo y a la influencia mareal, hacen que el tiempo de residencia del agua en el Estuario sea superior a 100 días, lo que asegura un largo periodo de permanencia de los contaminantes en aguas y sedimentos del estuario, apuntan.
"Todos estos aspectos de hidrodinámica y fisicoquímica del estuario han sido ignorados en el proyecto de vertido minero. Siguiendo el Principio de Prevención, base rectora de la legislación ambiental, no debe autorizarse este vertido minero ya que no se han estudiado y valorado adecuadamente sus posibles consecuencias en el Estuario del Guadalquivir y en sus diferentes usos, entre ellos portuario, agrícola y pesquero", esgrimen.
El contenido del Dictamen Ambiental y del Informe de Admisibilidad del vertido "no han sido nunca sometidos a información pública por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía", concluyen, exigiendo que no se autorice este vertido.
Podemos y organizaciones piden al Defensor del Pueblo que interceda
Por su parte, la líder de Podemos Sevilla y concejala en el Ayuntamiento, Susana Hornillo, junto a representantes de organizaciones sociales y políticas sevillanas, ha registrado esta miércoles una solicitud dirigida al Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, para que interceda ante la decisión de la Junta de volcar al Guadalquivir 85.000 millones de litros de "aguas contaminadas por metales pesados" a la altura del Estadio de la Cartuja.
El acto de registro ha contado con la participación del portavoz de la formación Alianza Verde, Antonino Parrilla, el portavoz de la plataforma Ficus San Jacinto, Javier Ros, y José Emilio Rebollo, biólogo especializado en genética e integrante del Comité Científico Técnico de Podemos Sevilla, según ha detallado la formación en una nota de prensa.
Así, Podemos asegura que la reapertura de la mina 26 años después de la catástrofe ambiental de Aznalcóllar y la aprobación del vertido "tóxico" al Guadalquivir está generando una "gran respuesta" social y, hasta la fecha, "más de 30 colectivos" ecologistas, sociales y partidos políticos como Podemos, Los Verdes Andalucía, Alternativa Republicana o Equo Verdes ya han suscrito el manifiesto impulsado por Ecologistas en Acción y Greenpeace contra este proyecto.
Entre las acciones que se han llevado a cabo para denunciar la reactivación del yacimiento minero se encuentra el registro de alegaciones al proyecto en su fase de información pública, la personación de las formaciones ecologistas en la causa judicial abierta contra el concurso público de adjudicación; una moción en el Ayuntamiento de Sevilla para evaluar el impacto del proyecto sobre el término municipal de la ciudad, y diversas charlas y actividades de difusión y concienciación.
Según han explicado los participantes en el acto, la petición de amparo ante el Defensor del Pueblo Andaluz se produce tras las reiteradas negativas del Gobierno de la Junta de Andalucía a revisar la previsión de efectos "nocivos" derivados de la reapertura de la mina y a reconsiderar la modificación del proyecto para garantizar su viabilidad ambiental.
En esta línea, los firmantes del documento solicitan una reunión con Jesús Maeztu para facilitarle informes científicos que desmontan la evaluación ambiental "carente de rigor" sostenida por el Gobierno autonómico, al tiempo que piden su mediación antes de que se produzca el volcado de aguas contaminadas con metales pesados al río.
Por su parte, la concejala de Podemos Sevilla ha tildado al alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, de "cooperador necesario" para la llegada de los vertidos tóxicos que van a envenenar el Guadalquivir y su dársena.
En este sentido, la dirigente ha recordado que el Pleno Municipal acordó a petición del Grupo Con Podemos-IU la "realización de un informe municipal sobre la compatibilidad del planeamiento urbanístico con las instalaciones y la actividad del vertido", sin que el Gobierno municipal haya realizado tarea alguna al respecto. "La muerte del Guadalquivir nos concierne a todas, más allá de siglas, y el alcalde debería estar en esta lucha por la superviviencia del patrimonio natural y de las actividades económicas que de él dependen", ha defendido Hornillo.
Por último, la edil ha animado a acudir este jueves a la concentración convocada por Ecologistas en Acción y Greenpeace que tendrá lugar a las 18,00 horas en el Muelle de la Sal como muestra de rechazo a la conversión del Guadalquivir en un río vertedero.
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